Luego de que el expresidente Álvaro Uribe presentara una denuncia ante la Procuraduría en contra del ministro de Justicia Eduardo Montealegre, por “promover mensajes de odio”, el Ministerio Público abrió una indagación preliminar en contra del funcionario del Gobierno de Gustavo Petro.
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De acuerdo con la acción judicial, el expresidente aseguró que existe, por parte de Montealegre, “una presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en el proceso penal seguido en su contra”.
Así mismo, aseguró que Montealegre “mientras ejerce como ministro de Justicia, ha promovido mensajes de odio y ha difundido información falsa e inexacta de forma masiva en el crucial momento en que se define la segunda instancia de su proceso (por presunta manipulación de testigos)”.
En la decisión de la Procuraduría se lee que el ministro utilizó WhatsApp para difundir de manera masiva a múltiples destinatarios una cadena de mensajes “que podrían adecuarse como calumniosos e injuriosos al calificar al señor Álvaro Uribe como ‘criminal de guerra’”.
En ese sentido, la entidad indicó que el disciplinable habría enviado mensajes a través de aplicaciones de mensajería utilizando un lenguaje hostil contra quienes ejercen su defensa, lo que, en su momento, podría impactar directamente a quienes administran justicia en su caso.
Por esto, el Ministerio Público tomó varias decisiones, entre esas escuchar en diligencia de ampliación al expresidente Uribe para que aporte información referida al grupo de WhatsApp y fecha en la que se habrían compartido los mensajes, cuyos pantallazos fueron aportados con el escrito de queja.
Vale mencionar que esta no es la única indagación que tiene en su contra Montealegre. La Procuraduría también lo investiga por presunta participación en política.
La indagación se originó tras unas declaraciones públicas emitidas por Montealegre sobre la campaña presidencial del abogado Abelardo De la Espriella, así como la aspiración al Senado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión del Ministerio Público se da en un contexto en el que el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, ha insistido en la necesidad de promover una ‘paz electoral’ y evitar discursos de odio en la antesala de las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
