Debido a la citación de la plenaria del Senado en simultánea, se aplazó la discusión del tercer debate de la reforma a la salud 2.0 este miércoles en la Comisión Séptima del Senado, que delibera sobre la ponencia de archivo expuesta por el Centro Democrático y respaldada por el Partido Conservador y Cambio Radical.
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Luego de cinco meses de radicada la reforma para el tercer debate, el senador Alirio Barrera dijo el pasado martes ante la célula legislativa de asuntos sociales: “Recibimos una reforma a la salud en la que esperábamos, que con el antecedente de que ya se había hundido la primera, hubiera cambios sustanciales, pero cuando entramos a estudiar los pormenores encontramos que es prácticamente una réplica de la que ya fue hundida por esta comisión”.
Agregó que el Gobierno tampoco ha dado garantías sobre la gestión de la salud en el país, pues “las EPS que intervino el Gobierno no mejoraron, agrandaron su hueco fiscal y empeoraron la prestación del servicio y se duplicaron las peticiones, quejas y reclamos”.
Previamente, el Partido Conservador había anunciado que no respaldaría la reforma a la salud y en este sentido su presidenta, la senadora Nadia Blel, expresó: “El Partido Conservador reafirma su posición de no acompañar la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional y anuncia su respaldo a la ponencia que pide su archivo”.
Luego de un estudio serio y minucioso del proyecto, agregó, “concluimos que esta reforma agrava la situación actual del sistema de salud, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación”.
“Reiteramos el compromiso para la construcción de una reforma a la salud que responda a las necesidades reales del país, pero no respaldaremos ninguna ponencia alternativa sin que garantice los recursos para proteger la salud y la atención digna para todos los colombianos”.
En respuesta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a mover la idea de la constituyente: “No queda duda del bloqueo institucional, por eso se abre camino a una constituyente. Al Congreso le queda grande reformar la salud y la justicia”.
“Hoy el Partido Conservador ‘dice que no’ a la reforma a la salud después de más de cinco meses de paralizarla, sin que haya habido una reunión de bancada entre los senadores y los representantes, según el Artículo 57 de sus estatutos, y un debate en la Comisión Séptima”, concluyó.
Por su parte, el senador Fabián Díaz, del ala oficialista de la Alianza Verde, anunció que si se hunde recurrirá a la apelación, tal y como lo hizo con la reforma laboral en la pasada legislatura.
Benedetti, quien se hizo presente a la mitad de la sesión para denunciar maniobras de dilación, insistió en que ya habría ocurrido lo mismo con la laboral: “La hundieron a las patadas, sin discutirla”.
Advirtió que, si el Congreso vuelve a frenar la reforma, queda demostrado que “todo le quedó grande al legislativo”. Para él, los cambios estructurales en salud, justicia y políticas sociales solo serán posibles con una Asamblea Constituyente.
Y concluyó: “Vengo a hacer magia, a buscar puntos de acuerdo. Se trata de salvar la reforma de la salud”.
Por su parte, en medio de la sesión informal declarada en la célula legislativa, el presidente de la Fundación de Enfermedades Raras, Diego Gil, reveló en que durante el 2025 han fallecido 1.501 pacientes con enfermedades huérfanas, la mayor cifra registrada desde el 2018, esto, dijo, por la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.
Así las cosas, quedan la ponencia positiva y gobiernista del proyecto y la alternativa, pero al Ejecutivo no le gusta esta última.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó ante los medios que la situación financiera de las EPS es grave, por lo que es de suma importancia una reforma estructural del sistema: “En este momento, ninguna de las 29 EPS, con excepción de dos muy pequeñas, cerca de 320 mil, las demás, las 27, no tienen ni reservas, ni patrimonio, ni capital”.
Y frente a la ponencia alternativa, aseveró que “$60 billones de los impuestos de los colombianos irían a las EPS para el pago de sus deudas y no a la prestación de salud, perpetuando un modelo de intermediación que concentra los recursos sin controles efectivos, aumenta el riesgo para la sostenibilidad del sistema y relega la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos, lo que significa un grave retroceso en el cumplimiento del derecho fundamental a la salud”.
