El presidente Gustavo Petro confirmó este martes que esta semana decretará la convocatoria de la consulta popular para sacar adelante su reforma laboral, pese a que el Senado emitió el mes pasado un concepto negativo sobre esa iniciativa.
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“La Corte Constitucional tendrá en sus manos (...) el decreto de convocatoria de consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo (sic), sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia”, expresó Petro en una alocución.
El mandatario ratificó así su decisión de convocar la consulta popular por decreto si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio sobre ese tema, aunque la cámara alta ya rechazó la convocatoria el pasado 14 de mayo en una votación que Petro tachó de fraudulenta.
El pasado 27 de mayo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que la decisión anunciada por el Gobierno de convocar la consulta popular por decreto es un atentado contra la separación de poderes porque la cámara alta negó el mes pasado la iniciativa.
Reacciones
El anuncio de Gustavo Petro generó una ‘ola’ de reacciones por parte de congresistas, partidos políticos y gremios, que calificaron la decisión como “golpe de Estado”.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron que la consulta popular sea convocada vía decreto.
“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, se lee.
Por ello, hicieron un llamado a las altas cortes, entes de control y autoridades electorales para que defiendan la Constitución: “Instamos a las instituciones competentes la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”.
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Y pidieron concretamente al registrador Hernán Penagos no avanzar en una eventual consulta popular sin verificar primero si el decreto cumple con todos los requisitos legales.
Por último, pusieron de presente los partidos políticos que el Consejo de Estado ya avaló la decisión del Senado de archivar la solicitud del Gobierno de convocar la consulta, lo que confirma que fue un acto legítimo del Legislativo.
Por su parte, el exsenador Humberto de la Calle advirtió que el Gobierno no “puede anular actos del Congreso”, por lo que se estaría configurando una “violación de la Constitución”.
“El anunciado decreto que convoca una consulta que había sido negada por el Senado, es una clara violación de la Constitución. El ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde a la justicia. Equivale a un golpe de estado. Es la hora de la unión nacional en defensa de la Constitución. A la izquierda le toca reflexionar sobre su propio destino y el de Colombia: sigue ciegamente al gobierno en el camino de las decisiones de facto, o contribuye a mantener vigente el estado de derecho para el bien de la nación”, escribió en X.
Mientras que la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que está “lista” para presentar una demanda para tumbar el decreto.
“Estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de derecho”, publicó.
El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, señaló que el presidente Petro “le falla a la institucionalidad del país al vulnerar directamente el artículo 104 de la Constitución”.
“Pretende convocar una consulta popular mediante decreto, sin contar con el concepto previo y favorable del Senado de la República. De concretarse esta actuación, estaría adoptando prácticas propias de un régimen autoritario. Solo los dictadores desconocen los límites del orden constitucional y atropellan la democracia. ¡Amanecerá y veremos!“, agregó.
A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional, que reúne a los 33 gremios más representativos del país, rechazó el anuncio de Petro al considerar que vulnera la Constitución y la institucionalidad del país.
“Este anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política. El Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República”, se lee.
Añade el comunicado que “las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país”.
Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, cuestionó que “como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima”.
“Lo que dijo Petro hace poco minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto, no sorprende, más bien ratifica su talante antidemocrático. Colombia cayó en las peores manos. Es momento de rodear a las instituciones. Es momento de rodear la justicia, que amparada en la Constitución y la Ley, deberá tumbarle semejante entuerto jurídico. No es más que una provocación para intentar quedarse en el poder. Colombia entera debe despertar”.
A su vez, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, criticó: “Petro cruza la línea y se convierte en dictador. Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado. Desprecia al Congreso, pisotea la Constitución y quiere imponer su capricho. Aquí están a prueba nuestra democracia y nuestra libertad. Las instituciones y los ciudadanos no se lo vamos a permitir Petro. Avanzáremos sin miedo y en defensa de Colombia, nuestra democracia, la libertad y el orden. Tome nota”.
El ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, opinó que “la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado”.
“Se comete una grave equivocación al convocar la consulta. Se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Hasta ahora, a pesar de duros enfrentamientos, el Gobierno ha utilizado los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias con las otras ramas del poder. Ese es el camino, y no el de intentar la expedición de un decreto abiertamente inconstitucional, que es insostenible en las cortes”, sostuvo.
El exregistrador y copresidente de La U, Alexánder Vega, dijo a medios que “si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral porque le faltaría el concepto favorable del Senado”.
Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, señaló en un video que “la propuesta de acudir al pueblo para que exprese su voluntad sobre una reforma laboral o sobre el tema de salud, en contra de la voluntad del Congreso de la República, es manifiestamente contraria a la Constitución”.
