Faltando cuatro meses para las Elecciones Territoriales 2023 las alarmas están encendidas para evitar cualquier tipo de incidente que pueda alterar el desarrollo de los comicios en el país.
Violencia contra liderazgos
La violencia contra liderazgos se ha incrementado significativamente en el Atlántico en un 200 %, toda vez que desde el inicio del período electoral se han presentado 10 hechos correspondientes a 8 amenazas y 2 asesinatos, distribuidos de la siguiente manera: en liderazgos políticos se registran hasta la fecha 5 amenazas y 1 asesinato, en liderazgo social 3 amenazas y en liderazgo comunal 1 asesinato.
Cabe resaltar que, para este mismo período en 2019 solo se registraron 3 hechos violentos.
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Frente a este hecho, durante la última semana se junio se dio a conocer un panfleto firmado por el grupo armado ilegal Los Costeños, en el que hacen un llamado a todos los que quieren participar en política y a actuales ediles de la localidad de Suroriente, en específico del barrio La Luz, y además, son declarados objetivo militar.
Esta casa editorial contactó al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Brigadier General Jorge Urquijo Sandoval, para conocer sobre la veracidad de estos panfletos y a su vez indicó que, 'es un panfleto amenazante, pero de acuerdo a nuestros analistas no reúne las características específicas de esta estructura delincuencial, pero igualmente estamos tomando las medidas necesarias para identificar su origen y las acciones preventivas pertinentes'.
A tiempo de actuar
Tras largas jornadas de trabajo de inspección en los territorios, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, explicó a EL HERALDO que, la circunstancia de violencia que atraviesa el país es preocupante, y existe el riesgo de incrementarse durante el mes de julio porque apenas empezó el proceso de inscripción de candidaturas.
'La medición de este período permitirá definir cuáles son esos territorios que necesita un mayor nivel de presencia de las fuerzas militares y de las instituciones, y a su vez que puedan generar mecanismos que den garantías para que se desarrolle el proceso electoral en total tranquilidad', manifestó Barrios.
No obstante, sostuvo que, con la firma del cese al fuego con el Eln, se espera que traiga consigo unos mayores niveles de tranquilidad para el proselitismo electoral y garantías en las zonas en las que este grupo tenga mayor incidencia en el país.
En lo que compete al departamento del Atlántico, advirtió sobre uno de los flagelos que históricamente han causado preocupación en estos procesos, tal como lo es la financiación irregular de las campañas, la compra de votos y la trashumancia electoral, todo esto sin desmeritar los hechos de violencia e incidencia de grupos armados ilegales.
'Lo que es el manejo de los recursos en las campañas electorales es nuestra principal preocupación en el Atlántico, y que históricamente así ha sido, y con esto no desmerito el tema de la violencia, sino que existe la imposibilidad de poder hacer seguimiento y control a la financiación ilegal e ilícita de las campañas, y esto no es nuevo, se traduce y se evidencia en las inscripciones de cédulas por cada uno de los puestos de votación y el umbral de habitantes de municipios como Suan, Malambo, Piojó, Ponedera y en Candelaria, en el sur del departamento', detalló la funcionaria de la Misión de Observación Electoral.
Llamado de la Procuraduría
En su reciente visita a la ciudad de Barranquilla y en donde se abordó temáticas como inseguridad y logística en materia electoral, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, indicó que se están realizando visitas a las diferentes regiones del país para establecer cómo avanzan los registros de mapas de riesgos.
'La Procuraduría General de la Nación es la encargada de todo el proceso de vigilancia en materia electoral para evitar los constreñimientos y todas las situaciones que puedan generar inseguridad en los comicios, y hemos notado con nuestros personeros que hay mucha incertidumbre y temor, las quejas y amenazas se dan por la presencia de los grupos armados ilegales en los territorios y desde ya estamos haciendo el llamado al Gobierno Nacional y emitiendo las alertas tempranas para garantizar la fiesta de la democracia', enfatizó la procuradora Cabello, en conversaciones con esta casa editorial.
Cabe resaltar que, diversas fuentes del Consejo Nacional Electoral, CNE, indicaron que este jueves 6 de julio se reunirá en la ciudad de Medellín la Comisión Nacional de Riesgos Electorales, con el fin de analizar los avances de las medidas que se podrían implementar en las zonas con mayor riesgo en el país.
Petición de la Registraduría
De acuerdo con lo manifestado por el registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, los grupos armados ilegales que dialogan en el marco de la ‘Paz Total’ no deben interferir en las elecciones territoriales de octubre.
Así lo hizo saber a través de una carta abierta al Gobierno Nacional en el que realiza dicha petición.
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'He cursado una carta respetuosa al jefe del Estado, al ministro de Defensa y al comisionado de Paz para que se incluya el proceso electoral en los acuerdos de la ‘Paz Total’. Se debe respetar el certamen democrático y a los diferentes actores del mismo. En las negociaciones y decretos hay que garantizar el proselitismo e impedir el constreñimiento al elector. La ciudadanía no puede quedar en medio del fuego cruzado que impida su libre expresión democrática', se lee en el documento.
Hechos a nivel nacional
En el Caribe colombiano la presencia de grupos armados ilegales permea a departamentos como Sucre, Magdalena y sur del Bolívar, de acuerdo con la MOE.
Según lo manifestado por su directora, Alejandra Barrios, 'preocupa que en Montes de María la capacidad de control que tiene ya el Clan del Golfo desincentive la participación de diferentes opciones políticas que sean distantes o contrarias a la mirada de control social que tiene esta agrupación armada'.
En lo que compete al departamento del Magdalena, la situación se agrava, pues en 14 municipios existe un riesgo alto y medio por la presencia del Clan del Golfo y Los Pachenca. Santa Marta, Ciénaga, El Banco, Pivijay, Sitio Nuevo y Zona Bananera, registran el grado de riesgo alto por la disputa de los dos grupos armados.
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De acuerdo con los registros del observatorio, se han presentado 12 acciones de grupos armados ilegales en el departamento. El 16.7 % de los hechos cometidos fueron 2 acciones armadas, y el restante 83.3 % corresponden a 10 amedrentamientos.
En el departamento del Cesar, los hechos de violencia política tampoco cesan, el Partido Centro Democrático confirmó que la candidata a la Gobernación, Claudia Margarita Zuleta, desistió de su candidatura.
'El espiral de intimidaciones para acallar la voz política de nuestros candidatos en todo el país no para de crecer. Lamentable que, por amenazas contra su vida, el Cesar no pueda contar con Claudia Margarita Zuleta en el debate electoral. La democracia colombiana exige garantías', señaló el Partido.
