Elecciones Regionales 2023: Bolívar, Cesar y Sucre, zonas con mayor riesgo electoral en la Costa

Bolívar, Cesar y Sucre son los departamentos de la región Caribe que registran un mayor grado de riesgo electoral de cara a los comicios territoriales 2023. Esta situación obedece a la presencia de grupos y estructuras criminales, de acuerdo con la segunda versión del Mapa de Prevención y Seguridad Electoral.

Según lo expuesto por el Centro de Información e Inteligencia Electoral, CI3E, encargado de levantar este mapa, y que dirige la Policía Nacional en un trabajo conjunto con la Fiscalía, Procuraduría y la Registraduría Nacional, los hechos van relacionados con la incidencia de las subestructuras criminales en hechos violentos contra la población.

En el desarrollo de este proceso en las diferentes regiones del país, a través de 8 mesas técnicas, 82 sesiones del CI3E y el procesamiento de más de 13.500 datos de entrevistas con las comunidades, se pudo establecer que existen cinco zonas de atención priorizadas, distribuidas de la siguiente manera: Caribe y Catatumbo, ocupan el primer lugar; le siguen Urabá, Bajo Cauca, Córdoba y Magdalena Medio, en segundo lugar; Litoral del Pacífico, de tercero; el Noroeste Amazónico, de cuarto, y los Llanos Orientales en un quinto lugar.

Dentro de las principales observaciones que presentó este informe, se advierte a las autoridades electorales sobre la atención frente a los escenarios de constreñimiento, violencia contra el sector político y la dinamización de delitos electorales en ciudades y departamentos como Cartagena, Cesar, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander.

Este mapeo de riesgo permitió también conocer que el Estado Mayor de las Farc, a través de los frentes 33, 41 y la Primera Facción SE 45, generarían riesgos de seguridad en Norte de Santander que afectarían el normal desarrollo de las actividades políticas.

Cabe resaltar que esta región presenta antecedentes por hechos violentos frente a resultados electorales en elecciones locales pasadas, así como inconformismos sociales vigentes en temas laborales, ola invernal, servicios básicos y comunidades indígenas.

Durante el ejercicio de observación y construcción del informe, el Centro de Información e Inteligencia Electoral conoció de actividades de constreñimiento en 57 municipios de 16 departamentos, donde los actores armados representarían un gran riesgo para el ejercicio político en sus territorios de incidencia.

Además, desde el inicio del calendario electoral se han conocido 27 denuncias en 21 municipios por posible falta de garantías en seguridad y transparencia, que giran en torno a la indebida participación en política de funcionarios públicos, trashumancia electoral, campaña extemporánea y fraude en inscripción de cédulas.

En el caso de Córdoba, los municipios son: Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.

Los 63 municipios restantes tienen grado de atención temprana y en lo concerniente a la región Caribe, solo se ubican dos: Valledupar, en el Cesar, y Ciénaga y Santa Marta, en Magdalena.

Alexander Vega Rocha, registrador Nacional del Estado Civil, explicó que a través de un acompañamiento de todas las autoridades del Estado en materia de seguridad y fuerza pública, se ha compartido la información necesaria para avalar el mapa preventivo de cara a los comicios del 29 de octubre.

'El objetivo es focalizar las amenazas reales y ciertas en los municipios y las zonas rojas del país para que nuestras Fuerzas Militares y de Policía, en trabajo conjunto con la Fiscalía y la Registraduría, puedan desplegar todo el tema de seguridad para el certamen electoral y las amenazas por el constreñimiento electoral', manifestó el registrador Vega.

Asimismo, expuso que 'este será el desarrollo final que tendremos en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para garantizar no solo la seguridad de los candidatos, sino también del certamen democrático y de la ciudadanía en todo el país'.

A su vez, el general Tito Castellanos, subdirector de la Policía Nacional, sostuvo que la articulación entre las instituciones ha logrado recolectar preventivamente información que está ayudando desde ya a que todo el material logístico de las elecciones sea distribuido de la mejor manera y, además, se puedan crear estrategias que garanticen la seguridad en las Elecciones Territoriales 2023.

En representación del Consejo Nacional Electoral, el magistrado César Lorduy, explicó a EL HERALDO que a través de estos espacios se tiene la oportunidad de conocer las causas por las cuales en muchos lugares de Colombia la democracia podría enfermarse.

'Un mapa de prevención con el objeto de que esas causas no afecten la salud de la democracia ha sido el eje central de la reunión, y que en resumen son las siguientes: situaciones como la indebida participación en política, trashumancia electoral, campañas anticipadas y extemporánea y fraude en la inscripción de cédulas, ha sido detectadas municipio por municipio', sostuvo el magistrado Lorduy.

Mauricio Andrés Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral, MOE, en diálogo con EL HERALDO aseveró que existe una preocupación por el aumento considerable de los hechos de violencia política en la región Caribe y el accionar de los grupos armados en este entorno.

'Tenemos casos en el Magdalena y Atlántico de un incremento muy alto en esta materia y que hoy nos tiene con las alarmas encendidas. Lo mismo ocurre con el sector de los Montes de María, por el aumento de casos de violencia de liderazgos y, además, la presencia de grupos armados como es el Clan del Golfo', detalló el funcionario.

De acuerdo con el docente investigador de la Universidad Libre de Barranquilla, Alejandro Blanco Zúñiga, los riesgos electorales en el Caribe, no son nuevos, teniendo en cuenta que hace un par de décadas, la presencia de grupos armados era determinante en la elección de varios gobernadores y alcaldes, y algunos de estos actualmente están condenados por parapolítica.

'Una hipótesis plausible, bajo el contexto actual, es que los grupos armados con predominancia en la región Caribe busquen en el marco de las negociaciones de la paz total establecer una ventana de legitimidad política. En otras palabras, esta hipótesis sugiere que los actores armados ilegales, podrían instrumentalizar la violencia política y aprovechar la actual coyuntura electoral', expresó el analista.

Añadió que con ello, estratégicamente, intentarían presentarse ante el Gobierno y la opinión pública como estructuras que ejercen una incidencia relevante tanto en el ámbito social como político.

Una opinión similar comparte el también docente investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, quien detalló que la alerta de riesgo electoral emitida por el CI3E de la Policía se produce en un contexto de consolidación y expansión territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en gran parte del Caribe.

Esto, según el analista en el marco de que el Gobierno les cierra las puertas de la negociación política y solo les deja el camino del sometimiento, a lo que las AGC se han negado.

'En este sentido, las AGC han venido impulsando movilizaciones sociales con el fin de presionar al Gobierno nacional para que establezca una mesa de negociación política con ellos y ante la negativa del Gobierno es posible que hagan apuestas políticas en las elecciones de octubre con el fin de que alcaldes y concejales también se sumen a las voces que piden un proceso de paz', dijo el docente investigador.

Con relación al tema de inseguridad por la alta presencia de actores armados en los territorios y que podría incidir en las elecciones regionales programadas para finales del mes de octubre, el secretario de Gobierno de Sucre, Luis José Guerra Barrios, dijo que con la Registraduría Nacional del Estado Civil ya vienen trabajando en ese tema y el de la logística.

Indicó que están a la espera de la ubicación de nuevos puestos de votación que contarán con la presencia de Ejército, Infantería de Marina y Policía Nacional. Sobre la atención a candidatos y líderes políticos que tienen amenazas, dijo que están garantizadas las rutas de atención para su protección.