Ley del Montes | ¡Ni un paro más...!

En mayo pasado los miembros del Comité Nacional del Paro (CNP) se pronunciaron sobre los efectos de la huelga, que para ese momento –un mes después de iniciada– había dejado pérdidas multimillonarias, 18 personas muertas, decenas de empresas quebradas y miles de desempleados en todo el país.

'El paro nacional ha logrado un momento de cambio y no se puede desperdiciar. Atrás quedó la idea de una ciudadanía inmóvil y ajena o distante de la situación social, económica y política, la de ahora es una ciudadanía activa, preocupada y dispuesta a hacer escuchar su voz y sus necesidades', dijeron los voceros del Comité Nacional del Paro.

A comienzos de junio –cuando millones de colombianos se encontraban desesperados y pagaban las consecuencias del Paro Nacional– se conocieron las declaraciones de Nelson Alarcón, uno de los voceros del sindicato de maestros afiliados a Fecode, quien en una intervención ante varios manifestantes expresó las verdaderas motivaciones de la parálisis nacional. 'Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá y derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en el 2022', declaró Alarcón a los manifestantes.

En ese momento toda Colombia padecía las consecuencias de la parálisis nacional, cuyos efectos vinieron a sumarse a los de la pandemia del coronavirus, que también había dejado cientos de empresas quebradas y miles de familias enlutadas. El panorama nacional era, pues, desolador.

Pero mientras la inmensa mayoría de los colombianos padecían en carne propia los efectos del llamado Paro Nacional, sus promotores –azuzados por políticos opositores al Gobierno– se mantenían firmes en las calles, unos de forma pacífica y otros valiéndose de actos violentos contra los sistemas de transporte masivos de las principales ciudades del país. Los vándalos también atentaron contra miembros de la Fuerza Pública, locales comerciales y sucursales bancarias.

A la postre, las cifras que arrojó el Paro Nacional resultaron demoledoras: 11 billones de pesos en pérdidas, 18 civiles muertos y 1.108 heridos, 1.326 policías heridos y dos muertos. Entre el 28 de abril y el 9 de junio se registraron 6.663 concentraciones en todo el país, 2.391 marchas, 3.340 bloqueos y 663 movilizaciones, según cifras que entregó el Gobierno Nacional. Durante el paro también fueron afectados e inutilizados 446 locales comerciales, 457 sucursales bancarias y 1.251 vehículos de transporte público.

Pero lo peor es que este panorama devastador tanto para la ciudadanía como para la economía nacional se puede repetir. Así pretenden una vez más quienes promovieron y fomentaron el paro nacional que empezó el pasado 28 de abril y que terminó sin pena ni gloria a mediados de junio, cuando la inmensa mayoría de los colombianos hastiada por el caos y desesperada por las funestas consecuencias económicas de la parálisis, decidió retirarle su solidaridad, apoyo y respaldo. La nueva fecha es este 26 de agosto, con una jornada posterior que se llevaría a cabo el 28, para conmemorar un aniversario del paro del 28 de abril.

Solo sectores opositores radicales y algunos políticos en campaña por la Presidencia de la República o el Congreso, mantuvieron y mantienen su respaldo a un paro nacional que resultó tanto o más funesto para los colombianos que la misma pandemia. Apoyar una nueva parálisis –como pretenden los integrantes del CNP, cuyas motivaciones políticas y electorales quedaron en evidencia con las declaraciones de Nelson Alarcón de Fecode– es una insensatez, mucho más cuando buena parte de las exigencias fueron atendidas por el Gobierno Nacional, entre ellas el retiro de la Reforma Tributaria y la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La 'engavetada' que sufrió la reforma a la Salud, también fue cobrada por el CNP como un triunfo del paro.

En el plano político, el paro terminó por pasarle cuenta de cobro a quienes no solo lo respaldaron, sino que tampoco supieron desmarcarse a tiempo de quienes causaron enorme daño a los colombianos. Es el caso del candidato presidencial Gustavo Petro y del senador Gustavo Bolívar. Igual sucedió con aquellos alcaldes que no supieron controlar los desmanes de los violentos y dejaron sus ciudades a merced de los vándalos, como sucedió con los de Cali, Medellín y Bogotá. Todos ellos perdieron respaldo popular, como lo han mostrado las encuestas que se han realizado desde que comenzó el paro nacional, el pasado 28 de abril.

En abril pasado, Gustavo Petro –candidato presidencial de Colombia Humana y cabeza visible del llamado Pacto Histórico– tenía un respaldo de 38,3 por ciento, según la encuesta de Invamer. En ese momento su candidatura mostraba una tendencia creciente y su figura había logrado ganarse un espacio en sectores menos radicales de la centro-derecha nacional. Pero la más reciente encuesta de Invamer muestra una pérdida de 8 puntos en la intención de voto del senador y ex alcalde de Bogotá. De acuerdo con el sondeo de agosto, el respaldo de Petro es del 30,2 por ciento. Es decir, si bien es cierto que sigue siendo el candidato favorito en las encuestas, también es claro que esa pérdida de 8 puntos frenó en seco una tendencia positiva que venía en alza. Sin duda alguna, esa pérdida de respaldo de Petro entre abril y agosto tiene que ver con su estrecha relación con el paro nacional y con quienes lo promovieron.

El apoyo de Petro a la huelga terminó siendo interpretada por potenciales votantes como una especie de complicidad con quienes causaron graves daños a la economía nacional y vieron afectadas sus vidas y sus empleos. La opinión pública terminó cobrándole al candidato de la Colombia Humana su cercanía con quienes lideraron el paro nacional y fueron voceros del Comité Nacional del Paro. Si bien es cierto que sigue punteando en las encuestas, perder 8 puntos en la intención de voto en apenas tres meses es una cifra descomunal para un candidato que aspira ganar en primera vuelta.

Así como el Paro Nacional le pasó cuenta de cobro a Gustavo Petro también lo hizo con los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, quienes se desplomaron en las encuestas. En el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por ejemplo, su imagen favorable está en el 43,4 por ciento, mientras que su favorabilidad es del 28,2 por ciento. Es evidente que tanto López en Bogotá, como Jorge Iván Ospina en Cali y Daniel Quintero en Medellín terminaron afectados por el manejo que les dieron a las manifestaciones realizadas durante las jornadas de protesta del Paro Nacional. El caos que vivieron esas ciudades y que padecieron sus habitantes comprometió seriamente la imagen de sus gobernantes y minó su gobernabilidad.

El rechazo de la inmensa mayoría de la población se refleja en los altos niveles de desaprobación que hoy tienen sus gobernantes. Quienes residen en Bogotá, Medellín y Cali –muchos de los cuales podrían estar de acuerdo con las exigencias de los promotores del paro y de quienes participaron del mismo– rechazan de forma contundente las vías de hecho, como los bloqueos y los atentados contra la Fuerza Pública y los establecimientos comerciales y bancarios. Una cosa es la protesta pacífica y otra muy distinta el vandalismo. O peor: el terrorismo. Punto. Los niveles de desaprobación de los alcaldes así lo indican.

La convocatoria a un nuevo Paro Nacional llega en momentos en que la economía empieza a mostrar leves signos de recuperación y la tormenta desatada por la pandemia del coronavirus empieza a amainar. En efecto, el crecimiento de la economía proyectada para el segundo semestre del año está por encima del 7 por ciento, cifra muy alentadora, si se tiene en cuenta lo devastador que resultó para la economía el 'matrimonio funesto de pandemia con Paro Nacional'. Pero ese crecimiento proyectado se iría al traste con un nuevo Paro Nacional, que sería la estocada final para miles de pequeños y medianos empresarios, así como para miles de familia.

Un nuevo Paro Nacional sería una demostración de insensatez y de indolencia por parte de sus organizadores. Quienes lograron sobrevivir a la arremetida del Paro Nacional de abril, no resistirán una nueva parálisis por las graves consecuencias que ella tendría. ¿Quién garantiza que después de haber superado un tercer pico de contagios de covid-19, no volverían a colapsar las Unidades de Cuidados Intensivos de clínicas y hospitales por cuenta de las aglomeraciones propias de las jornadas de protesta y manifestaciones en las principales ciudades del país? ¿Quién responderá por las miles de vidas que se perderían

El paro convocado para el próximo 26 de agosto –que tendría una segunda jornada el 28– es inconveniente desde todo punto de vista. Tanto el Gobierno nacional como los promotores de la huelga deben retomar las conversaciones y seguir avanzando en la construcción de consensos que eviten una nueva parálisis generalizada. Para ello es necesario que quienes tienen afanes electoreros, como quedó en evidencia con las declaraciones de Nelson Alarcón de Fecode, las dejen a un lado y se concentren en las causas reales que llevaron a millones de jóvenes a las calles del país. Sus legítimas aspiraciones no pueden ser utilizadas y manipuladas por quienes tienen una agenda electoral que apunta a aniquilar en las urnas a un partido político.

Ese comportamiento perverso le hace daño tanto al Paro Nacional, como al sistema democrático, pues desvirtúa las aspiraciones legítimas de millones de colombianos y evidencia la mezquindad de quienes pretenden disfrazar sus aspiraciones individuales con los reclamos colectivos. El Gobierno, por su parte, deberá hacer grandes esfuerzos para escuchar a los jóvenes del país, que son quienes padecen las consecuencias de iniciativas y medidas gubernamentales que solo contribuyen a aumentar la pobreza y acrecientan la brecha social.