Denunciando “un ambiente hostil que pone en riesgo la vida, integridad y ejercicio político de sus parlamentarios”, el Partido Cambio Radical solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el otorgamiento urgente de medidas cautelares en favor de su bancada en el Congreso.
El director de la colectividad rojiazul, Germán Córdoba Ordóñez, quien suscribe el documento enviado al ente interamericano, advirtió que el sistema democrático colombiano “se encuentra en un alto riesgo” y señala que hay un patrón creciente de amenazas, estigmatización y agresiones contra los líderes de oposición.
El partido opositor, con una bancada compuesta por 29 congresistas, es decir 18 representantes a la Cámara y 11 senadores, denunció que muchos de sus integrantes han sido blanco de amenazas por parte de organizaciones criminales: “Todas las amenazas que se han recibido han sido denunciadas ante la Fiscalía, informadas oportunamente a la Unidad Nacional de Protección, UNP, e incluso a organizaciones internacionales, pero no se han adoptado medidas contundentes para contrarrestar estos riesgos de seguridad”.

Córdoba asevera además en este sentido que la situación del congresista de Cambio Radical llegó a su punto máximo de peligro tras el atentado que sufrió el representante Julio Cesar Triana zona rural de La Plata, Huila, donde el vehículo blindado en que se transportaba recibió ocho impactos de arma de fuego.
Lea también:“No he tenido ninguna información sobre eso”: mindefensa sobre Cartel de los Soles
Así mismo, puso de presente que tanto los líderes y dirigentes regionales de la colectividad como gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, también sufren amenazas afectando su desempeño político. Y cuestiona la respuesta del Gobierno frente a sus denuncias: “Han demostrado negligencia, inoperancia e indiferencia ante estas situaciones”.
Por ello, pide Cambio Radical a la CIDH tres medidas fundamentales: Garantías para el ejercicio de la oposición política, que se ordene al Estado colombiano el refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad, incluyendo la protección a los familiares de los parlamentarios y acompañamiento en sus desplazamientos por el país, y una reunión formal en Washington entre su bancada y los comisionados de la CIDH para presentar directamente su diagnóstico y propuestas ante la crítica situación.
Al respecto, el senador de dicha colectividad, Carlos Fernando Motoa, aseguró que hace mes y medio recibió información por parte de autoridades civiles y policía de su departamento sobre un plan para atentar contra su vida: “Esto se debe a los debates de control político en materia de seguridad y a la crítica de manera permanente que desde la oposición hemos realizado sobre la mala política del gobierno de Gustavo Petro en materia de paz y la lucha contra las drogas”.
Agregó el parlamentario: “El mundo al revés, los criminales con protección del Estado y quienes ejercemos oposición sin garantías para elevar la voz y cuestionar al Gobierno Nacional. No callarán esta voz de la oposición”.
Lea también: Despliegue de 15 mil militares venezolanos a la frontera inquieta a sectores políticos colombianos