Magdalena

A la cárcel Enrique Vives, causante de la tragedia de Gaira

El empresario enfrentará un proceso penal por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.

Tras la sugerencia de la Fiscalía General de la Nación, la juez Olmis Cotes del Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santa Marta, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario Enrique Rafael Vives Caballero, causante de la tragedia de Gaira.

Por su parte, la defensa anunció la presentación del recurso de apelación.

Cotes, quien concluyó la audiencia pasada las 12 de la madrugada de este domingo, precisó que el hecho de que Enrique Vives haya abandonado la clínica Perfect Body para irse a un centro psiquiátrico no fue bien visto por su despacho en el proceso actual.

“Si bien por lo ocurrido a Enrique Vives esto le pudo causar algún tipo de alteración, no era necesario abandonar sin permiso de la autoridad judicial el lugar donde se encontraba, siendo esto un obstáculo para el proceso”, dijo la togada.

“No hay garantía de que esta persona comparecerá al llamado por los hechos que ya sucedieron", agregó.

La jueza consideró que el exceso de velocidad y el manejar en estado de alicoramiento fueron dos factores que influyeron en el trágico accidente.

“Esto fue una conducta grave, al conducir el vehículo a alta velocidad en ese sector, habiendo bebido sustancias alcohólicas, se dio el accidente con ese grave resultado que ocasionó la muerte a seis personas”, explicó.

Durante la audiencia la entidad judicial le formuló cargos por el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual a título de autor material, cargos que el procesado no aceptó.

“No acepto los cargos, porque los hechos relatados no son acordes a la realidad“, respondió Vives ante la pregunta de la magistrada.

Los representantes de la Fiscalía Seccional Magdalena, Arides Martínez y diana Quiñones, narraron los elementos probatorios y solicitaron una pena no menos de 4 años en un centro penitenciario, al considerarlo un peligro para la sociedad y para que no interfiera en el proceso que se lleva en su contra.

De igual manera relató  los hechos registrados la madrugada del pasado 13 de septiembre en la que perdieron la vida seis jóvenes y uno más quedó herido, luego de que fueran arrollados por la camioneta marca Toyota Hilux, conducida a alta velocidad y en estado de embriaguez por Enrique Rafael Vives Caballero.

“Enrique Rafael Vives Caballero, de 40 años, reside en Santa Marta, en el sector de Pozos Colorados. Transita esa vía de manera permanente, es conocedor de las normas de tránsito y de la prohibición de la conducción bajo los efectos del alcohol por lo que se eleva el riesgo de la actividad de conductor. Se trata de una persona que ha sido infraccionada por conducir a alta velocidad, pero pese a ello quiso hacerlo, es decir, conducir en estado de embriaguez y a alta velocidad”, dijo el fiscal.

Pidió perdón a las familias

Durante su presentación en la audiencia de imputación de cargos, el empresario Enrique Vives Caballero, conductor indiciado de atropellar y matar a seis jóvenes en la madrugada del lunes en Gaira, por primera vez desde lo ocurrido y con la voz entrecortada, les pidió perdón a las familias de las víctimas.

 “De manera especial quiero pedir perdón a los familiares de las víctimas, que los acompaño de todo corazón. Me duele a mí más que a otra persona“, dijo el empresario.

Por otro lado, en su intervención solicitada por la juez Olmis Cotes, afirmó que no le debe nada a la justicia, que nunca había estado en una situación de estas y está haciendo un gran esfuerzo para estar presente en la diligencia judicial.

“Es algo nuevo para mí. Nunca en mi vida había tenido una situación como esta y el shock tremendo que he recibido es lo que me ha llevado a estar en una clínica a tener los tratamientos, y aquí estoy porque no quiero que la gente, ni que la juez ni nadie piense que le estoy huyendo a la justicia”.

Reparación de las víctimas

En la misma audiencia, la defensa de las víctimas pidieron que, como medida cautelar, se suspendieran los dominios de los bienes muebles e inmuebles que estuvieran a nombre de este, de cara a reclamaciones de las familias de las víctimas, pues aspiraban a una reparación de 350 millones de pesos, cada una de manera individual.

Sin embargo, el abogado del señalado, Alex Fernández Harding, indicó que su representado responsablemente adquirió hace siete meses una póliza por 4 mil millones de pesos en el momento de la compra del vehículo a la aseguradora Seguros Bolívar, la que van a utilizar para el resarcimiento de las víctimas.
“Respetada señoría, sugiero proceda a negar la solicitud de los embargos solicitados por la defensa de las víctimas, ya que no cumplieron las exigencias legales”.

Finalmente, la jueza Olmis Cotes, denegó la petición de la defensa de las víctimas, por no justificar los puntos exigidos para dicha solicitud, pero la decisión de la magistrada fue apelada para que sea definida ante un juez de segunda instancia. “No es desproporcionada la solicitud con los daños graves generados”, contestó Rodrigo Martínez, abogado de las víctimas.

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