En el departamento del Cesar hay un universo de 4.000 personas desaparecidas, en el marco del conflicto armado, de acuerdo con recientes cifras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, UBPD.
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Los municipios de Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Bosconia y San Alberto presentan la mayor cantidad de desapariciones.
En cuanto a la zona rural de Valledupar, y además indígena, existe un registro de 70 miembros de la etnia kankuama, en la comunidad de Atánquez, que están siendo buscados a través de la Comisión de Derechos Humanos y Gobierno Propio que se ha unido a la UBPD, que cuenta con las herramientas necesarias y fue creada para estas labores.
Entre los desparecidos están mujeres, hombres y menores de edad, a quienes sus familiares les perdieron el rastro. Esta cifra está caracterizada desde el 1 de enero de 1985 hasta la firma del acuerdo de paz, en 2016.
Madres, padres y demás familiares de la comunidad kankuama llevan décadas esperando saber información sobre el paradero de sus seres queridos, qué pasó con ellos, y cuál fue la causa de su muerte, en el caso de confirmarse el hallazgo e identificación de sus restos.
La Organización Nacional Indígena de Colombia entregó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, un informe en el que reveló que más de 400 kankuamos fueron asesinados, durante el conflicto armado, más del 40 % de la población desplazada en asentamientos y ciudades, y que se les ha hecho difícil regresar al territorio ancestral.
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“El conflicto se ensañó contra todos, no había distinción de edad, de género y mucho menos de liderazgos; solo bastaba con llevar el apellido Arias o Montero. Todos los actores armados legales e ilegales tuvieron que ver contra el genocidio del pueblo Kankuamo”, destaca la ONIC.
Por hechos como estos, los kankuamos han trabajado para conocer la verdad y no exista cabida para la repetición, y que las heridas puedan sanarse, sin dejar a un lado la búsqueda de sus seres queridos , de los cuales aún no saben qué sucedió con ellos.
Jaime Enrique Blanchar Maestre es miembro de esta comunidad con asentamiento en Atánquez, y ha liderado procesos de derechos propios, derechos humanos y paz.
“Cuando se emite una orden de la Corte frente al tema de los planes de salvaguarda, en el componente de restablecimiento de derechos, nosotros como pueblo kankuamo empezamos a trabajar en el tema de la búsqueda de nuestros seres desaparecidos, ahí construimos una base de datos y de la mano con la Unidad de Búsqueda hemos venido trabajando desde que se creó el sistema integral de paz”, indicó Blanchar Maestre.
Destacó que en el proceso han realizado diálogos con los familiares de los desparecidos, principalmente dando apoyo psicosocial, como elemento fundamental para sanar y curar.
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“Hemos hecho análisis de laboratorios en cuanto a lo genético y estamos en el camino de encontrar, con la participación en los planes de búsqueda regionales e hicimos dos intervenciones”, expresó.
Sin embargo, una de las limitantes ha sido la presencia de actores armados en el territorio que les ha imposibilitado continuar con la búsqueda. Por ello han planteado la estrategia de establecer corredores humanitarios y avanzar en el proceso de encontrar a sus seres queridos.
En relación a los actores armados en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hace vida el pueblo kankuamo, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 020 de 2025, en la cual evidenció los riesgos de seguridad que se presentan por cuenta de las estructuras delincuenciales denominadas Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra, que mantienen en zozobra permanente a los habitantes de esta región con jurisdicción en el Cesar.
Desde Valledupar, donde se anunció la alerta, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó que existe un profundo escenario de riesgo por la actuación de dichos grupos, siendo el de mayor hegemonía los Conquistadores de la Sierra, mientras que el resto generan distintas amenazas dependiendo del tipo de interacción en la zona.
Por ello han advertido que se vienen presentando situaciones críticas como homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, violencia de género de manera muy fuerte, diferentes formas de violencia y controles de horarios y conductas para la población civil.
La ruta de búsqueda
A finales de 2025, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recorrió 56 municipios en los departamentos de Cesar, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, recopilando información y dando a conocer cómo se realizan los procesos a fin de encontrar una persona desaparecida.
Desde Valledupar, donde finalizó esta estrategia, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, señaló que siempre destacan que la búsqueda es compleja, ya que si fuera fácil hubieran dado con el paradero de los 135.000 desaparecidos en el país, y en el Cesar, cerca de 4.000.
“Lo más importante de esta acción es que es una oportunidad de hacer pedagogía para la búsqueda, que las personas reconozcan el mandato y la misión de la entidad y el mecanismo humanitario. Muchas personas no ponen en conocimiento que tiene desparecido un ser querido y es porque todavía hay estigma y preocupación por lo que pueda pasar. El mandato humanitario y extrajudicial permite la confiabilidad y total reserva, recoger la información para poder hallar a los desparecidos”, manifestó la funcionaria nacional.
Destacó que con la búsqueda inversa se ha podido tener información de los familiares, no solo la identificación del desparecido, y así poder hacer el proceso más humanitario.
“En esta ruta buscadora que recorrió la región Caribe, nos ha ido muy bien porque los resultados se ven muy rápido, en la plataforma tenemos cerca de 110 personas, de las cuales ya hemos podido contactar a la mayoría de las familias y solo en unos pocos casos nos falta hacer la entrega digna”.
“La búsqueda humanitaria y extrajudicial no busca culpables, busca persona y la extrajudicialidad se convierte en un incentivo para que las personas que participaron incluso en las hostilidades o en esos hechos puedan contarnos a nosotros toda esa información bajo la reserva y confiabilidad para poder tener los resultados que tenemos”, explicó Luz Janet Forero Martínez.
Fue enfática en indicar que en las investigaciones buscan conocer la verdad, y esto no implica necesariamente señalar a un culpable o responsable, lo cual es valorado por las familias. En caso de ir a la vía judicial los interesados deben hacerlo en las entidades competentes.
“Esta ruta buscadora durante todo el año salió desde el Huila, recorrió todo el sur del país, tuvimos una ruta fluvial y tenemos una que se concentró en el norte del país, recorriendo casi 3.000 kilómetros entrando a 56 municipios, con la oportunidad de hacer más de 2.000 acciones pedagógicas, generando confianza y credibilidad en la atención de más de 500 personas, de las cuales pudimos recabar 326 solicitudes”, destacó la directora.
