Pobreza y desigualdad, la cruel realidad de los niños en La Guajira
Según un informe, los niños de las zonas más pobres de la región Caribe y el país sufren de mayores problemas tras la llegada de la pandemia del coronavirus.
Las imágenes de pequeños ataúdes donde se sepulta a los niños fallecidos por desnutrición en La Guajira no han parado, evidenciando el aumento de las escalofriantes cifras de muertes por esta causa, las cuales hacen parte de un triste conteo año tras año.
De esta triste estadística hace parte un niño de dos años, quien falleció el pasado cinco de abril, en la ranchería wayuu Siwolu, que está a unos pocos minutos de la cabecera municipal de Uribia. Tenía problemas de salud relacionados con la desnutrición, los cuales venía padeciendo hacía algún tiempo.
También la niña de nueve meses de nacida que padecía un cuadro grave de desnutrición y falleció el ocho de enero de este año en un asentamiento indígena en el kilómetro 16, en la vía entre Riohacha y Maicao, donde vivía en una choza de barro con su madre, una mujer que estaba en un estado débil de salud, también debido a la desnutrición.
Dos días después murió otra niña por desnutrición, pero de 16 meses de nacida. La muerte se reportó desde la comunidad El Ciruelo, que pertenece a Riohacha.
En total han sido 15 los menores fallecidos este año en La Guajira por desnutrición, según el Instituto Nacional de Salud. En el Chocó han sido 13 los niños fallecidos por esta causa y en el Cesar se reportaron nueve. En todo el país la cifra llega a 84 fallecimientos por este motivo.
“Cada niño wayuu muerto por hambre nos degrada como nación y nos muestra como un país indolente, atrasado y sin ninguna perspectiva decente de futuro”, dijo en una oportunidad el magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes.
Sin embargo, no ha habido la sensibilidad suficiente entre quienes tienen el poder para detener estas muertes.
Desde el 2014, cuando EL HERALDO dio a conocer una histórica tutela contra el Estado colombiano para exigir la protección de los derechos de los niños y niñas de La Guajira, especialmente los de las etnias wayuu, wiwa, kogui, arhuaca y kankuama, el tema ha sido objeto de debates, foros, protestas y grandes titulares.
La acción de tutela, la cual fue negada, fue interpuesta por César Arismendy Morales, ex director del Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira y ex secretario técnico del Consejo de Política Social.
Según el funcionario, entre los años 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 niños menores de cinco años. De acuerdo con la tutela, 278 fueron por desnutrición y los restantes 2.691 corresponden a otras patologías, las cuales pudieron ser tratadas si los servicios de salud y demás entidades hubieran asumido sus competencias como lo consagra la ley.
En una audiencia de la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, realizada en Riohacha en el 2018, el magistrado Alberto Rojas Ríos afirmó que desde el año 2000 y hasta la fecha 4.770 menores habían dejado sus vidas en hospitales y rancherías de La Guajira. “Es una barbarie”, expresó con asombro y tristeza.
Es grave también que en Colombia no se tengan datos recientes de la desnutrición crónica (DNC) o retraso en talla en menores de 5 años, la cual hace parte de los indicadores más importantes para medir el nivel de desarrollo de un país, pues afecta el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños y niñas, con efectos para toda su vida.
En Colombia se ha disminuido la desnutrición crónica, ya que desde 1990 se encuentra una prevalencia de 10,8 %, según la última medición realizada que fue en el 2015; sin embargo, hay un agravante y es que casi se triplica en comunidades indígenas; aumenta en familias con más integrantes y menos ingresos económicos, y en hogares en zonas rurales y madres con menos escolaridad y menos controles prenatales.
En esta medición se muestra que las edades entre 2 y 4 años son las de mayor prevalencia con desnutrición crónica, situación que se agudiza por factores ambientales como el acceso a fuentes de agua segura o potable, es decir que las niñas y niños que beben agua de acueductos veredales o de otras fuentes no potables presentan una prevalencia de desnutrición crónica de 13,5 % frente a 9,6 % de quienes cuentan con acueducto público y agua tratada.
Asimismo, cabe recordar que en este año más de 20 niños kogui fallecieron por tosferina en la Sierra Nevada de Santa Marta. En diferentes análisis de misiones médicas, los menores presentaban cuadros nutricionales bajos y carecían del esquema de vacunación completo.
Lo preocupante de esto es que la desnutrición no es la única problemática que sufre la niñez colombiana.
Según el informe ‘La niñez no da espera’, realizado por unas 200 organizaciones y redes de la Sociedad Civil y la Adolescencia, Niñez Ya, las condiciones de bienestar de los niños, niñas y adolescentes han retrocedido por lo menos una década.
“La pandemia, el recrudecimiento del conflicto armado, las crisis climáticas y migratoria y los rezagos que ya se traían en la garantía de sus derechos han impactado gravemente sus posibilidades de desarrollo”, se indica en el documento.
En este se incluyen acciones que se presentarán a candidatos, nuevo gobierno y Congreso para que sean tenidas en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Otros de esos flagelos que aquejan a la niñez colombiana, además de la inasistencia alimentaria, son el maltrato, los abusos sexuales, la falta de educación, el deterioro de la salud mental y el de la atención en salud.
La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, aseguró que durante el 2021 atendieron 30.048 casos de maltrato a menores, de los cuales el 34,1 % fue por actos sexuales contra menores de 14 años, el 23,7 % por acceso carnal con menor de 14 años y el 16,1 % de los casos tuvieron que ver con inasistencia alimentaria.
La Dirección Nacional de Defensoría Pública, a través del Grupo de Representación Judicial de Víctimas, informó que atiende actualmente 46.257 casos por delitos cometidos contra menores de edad. La mayoría de los casos están en Bogotá, 7.547; seguido de Antioquia, 5.173; Santander, 2.961; Valle del Cauca, 2.929, y Boyacá con 2.010.
En materia de educación, Colombia cuenta con 42.933 sedes oficiales y 325.728 aulas en sedes oficiales, y según los datos del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), la gran mayoría tiene problemas de infraestructura, está ubicada en sitios de riesgos o tiene otros inconvenientes.
De acuerdo con la proyección de población para 2022 a partir del censo de 2018 del DANE, Colombia tiene una población de 15.904.623 niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y 19 años de edad, que equivale a 30,8 % del total de la población nacional. De ellos, 4.699.621 se encuentran entre 0 y 5 años de edad, es decir, cerca de 9,1 % de las niñas y los niños transitan por su primera infancia, muchos de ellos sufriendo la desigualdad que existe en el país.
Esto teniendo en cuenta que, según el Banco Mundial, Colombia tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo; el segundo más alto entre 18 países de América Latina y el Caribe (ALC), y el más alto entre todos los países de la OCDE, lo cual tiene un efecto directo en el goce efectivo y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para el organismo, la desigualdad en Colombia se evidencia en la afectación de las personas desde el comienzo de la vida, lo que repercute en su desarrollo de capacidades y la acumulación de capital humano.
“Los niños más pobres tienen tasas de retraso en el crecimiento que son tres veces mayores que las de niños más ricos. En salud, el modelo de prestación de servicios debe transformarse en un sistema de atención primaria que se adapte a las necesidades locales”, se lee en el informe.
Adicionalmente, según el Boletín Pobreza Infantil del DANE en el 2021, de los 8.259.062 niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza monetaria y 3.171.671 en pobreza monetaria extrema, 2.726.386 niñas y niños de 0 y 5 años son pobres y 1.039.320 son pobres extremos.
