El Heraldo
Sepelio de Maritza Loperena Nieves, de 47 años, quien fue asesinada de un disparo en la espalda por un sujeto desconocido. Cortesía
La Guajira

La guerra sigue ensañada con las mujeres Wiwa

El corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, del municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira, llora el crimen de la mujer wiwa Maritza Loperena Nieves, asesinada por un desconocido el pasado 14 de junio en su vivienda.

El pasado 14 de junio, en el corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, la señora Maritza Loperena Nieves se levantó a las cuatro de la mañana, como de costumbre, a preparar el desayuno a sus hijos para después llevarlos al colegio.

Dicen algunos de sus allegados que, hacia las 4:45 a. m., cuando ya todos habían comido y ella salía a la calle, vio una persona de tez morena con capucha parada en la esquina de su vivienda, ubicada en área rural del municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira.

Según el reporte que le dieron a la Policía, a Maritza le pareció sospechoso el hombre y por eso intentó entrar de nuevo a la casa; sin embargo, no había pasado totalmente la puerta cuando el sujeto se le acercó y le disparó por la espalda causándole la muerte.

Sus familiares intentaron salvarle la vida llevándola al Hospital San Rita de Casia del municipio de Distracción, pero nada pudieron hacer los médicos porque llegó sin signos vitales.

El crimen ocurrió en el sector del Piñoncito, donde comenzó a reinar el dolor, pero sobre todo el temor y la incertidumbre por el asesinato de Maritza, quien deja ocho menores huérfanos.

La Policía inició la investigación, pero aún no hay razones, ni ninguna sospecha de quién fue ese hombre que le quitó la vida a esta indígena wiwa.

Hacía solo seis días antes se había llevado a cabo la mesa interinstitucional para la implementación y seguimiento a las medidas cautelares a favor del pueblo wiwa decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante comunicación enviada al Gobierno Nacional el 4 de febrero del 2005.

Según la Organización Wiwa Yugumaiun Bunjuanarrua Tayrona (Owybt), en esas medidas cautelares se solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraídas por el Estado.

Igualmente concertar las medidas de protección colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario con los beneficiarios, a través de las organizaciones, y adoptar las medidas para poner fin a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de esta comunidad indígena.

La organización afirma que la mesa interinstitucional para la implementación y seguimiento a estas medidas se conformó el 28 de septiembre de 2007, pero que aún no se ha puesto en funcionamiento y siguen los hechos de agresiones en contra de los wiwa.

“A seis días de haberse desarrollado la Mesa Interinstitucional, nos despertamos en medio del llanto, la zozobra y los lamentos por el aterrador asesinato de la indígena wiwa Maritza Loperena Nieves, de 47 años de edad, madre de ocho niños, quien convivía con su esposo, Beto Loperena. Según informaciones de la comunidad, siendo las 4:45 a. m. se escucharon tres detonaciones en la vivienda, luego de lo cual el silencio se apoderó de esta siendo interrumpido por el llanto de sus familiares”, se relata en un comunicado de la organización.

Aseguran que algunos testigos vieron al hombre con prendas militares, pantalón tipo camuflado, camisa negra, pasamontañas y botas pantaneras.

“Atentar contra la mujer indígena wiwa es atentar contra la madre tierra y atacar al corazón de la cultura, para que no exista, debido a que la mujer es portadora de los saberes ancestrales desde el hogar”, señala la organización indígena.

Piden que se acelere la investigación y que se cumplan las medidas cautelares para garantizar la seguridad del pueblo wiwa.

Una lideresa wiwa está amenazada

Ante este crimen es preciso recordar que la lideresa wiwa, Ena Loperena, denunció en noviembre del año pasado amenazas de muerte a través de un paquete que recibió cuando se encontraba en la Casa Indígena de Riohacha, el cual contenía una muñeca con una bala en la cabeza y dos hojas con escritos intimidatorios.

En ese entonces, explicó que el paquete llegó en el preciso momento en que se encontraba en una reunión con otros líderes, que de inmediato avisaron a las entidades de protección de los derechos humanos y a las autoridades.

Ena, quien es directora de equidad y género de las comunidades wiwa del cabildo Shekuruma Akusha, de la Sierra Nevada y la Organización Wiwa Golkushe Tayrona y gestora cultural, indicó que ha venido liderando  procesos con población desplazada, de inclusión de la mujer y todo lo relacionado con la búsqueda del bienestar de estas comunidades, acciones que podrían ser la causa de estas amenazas.

El pueblo wiwa no olvida la masacre de El Limón

En el año 2002, el pueblo wiwa del corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, en San Juan del Cesar, se tiñó de sangre cuando unos 200 paramilitares asesinaron a 16 de sus pobladores, arrojaron rockets y cilindros contra la población civil e incendiaron 15 viviendas.

El hecho ocurrió entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre, cuando los atacantes llegaron a la vereda El Limón y ejecutaron a Adalberto Sarmiento Loperena, Dioselina Armanta, Gilma N. Hamilton, Héctor De Armas Martínez, Jaime Elías Mendoza Loperena, Rosa María Loperena, otras personas sin identificar y tres menores de 13, 14 y 17 años de edad. Estos eran Edgar Rafael Radillo Redondo, Hamilton Javier Radillo Redondo y Juan Manuel Daza, los dos primeros hijos de Cilia Redondo Peralta y el último criado por ella.

La justicia tuvo que emitir dos sentencias a través del Tribunal Administrativo de La Guajira proferidas el 14 de diciembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016, para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad administrativa en esta masacre. Sin embargo, solo dos años después fue que se produjo el acto a través del cual ese mismo Estado le dio la cara a los familiares de las víctimas para pedirles disculpas públicas.

Vista aérea del municipio de San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira. Cortesía
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