Instituto de Estudios Ambientales advierte sobre nuevo ‘elefante blanco’ en La Guajira

El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional advierte en un informe que nueve años después el proyecto 'El Cercado' no solucionó el problema de agua para la península sino que además afecta a 100 mil habitantes.

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Por: Tomás Betín @tombetri

El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional advierte en un informe que nueve años después el proyecto 'El Cercado' no solucionó el problema de agua para la península sino que además afecta a 100 mil habitantes.

El Observatorio de Conflictos Ambientales del Instituto de Estudios Ambientales, Idea, de la Universidad Nacional, advierte que el proyecto de 'El Cercado', que prometía solucionar el problema del agua y la energía para los habitantes de La Guajira, "nueve años después de la inauguración de la represa no solo no ha cumplido con los objetivos iniciales, sino que además se ha afectado la situación de cerca de 100 mil pobladores".

Señala el informe de la alma mater que en los municipios donde se tenía proyectado que impactara la represa 'El Cercado' se redujo el caudal del río Ranchería, lo que no solo empeoró la situación de las comunidades indígenas y campesinas al borde de la cuenca, sino que además produjo que se inundaran sitios sagrados para los pueblos indígenas del lugar, lo que afectó su bienestar. 

"A la fecha no ha habido una debida compensación ante las graves afectaciones ambientales y culturales ya causadas", se lee en el documento del Idea.

Indica el reporte que dicha represa ubicada en el río Ranchería es "de tipo enrocado con cara de concreto, altura de 110 m, área inundada de 638 hectáreas y capacidad de 198 millones de m3 de agua". 

Con la represa se abastecerían de agua los sistemas de acueducto de los municipios de San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Fonseca, Uribia, Distracción y Albania.

El río Ranchería, pone de presente la Universidad Nacional, es el principal afluente del departamento; nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la laguna Chirigua, un lugar sagrado para los pueblos indígenas, y desemboca en el mar Caribe, en Riohacha, y su cuenca abarca parte del Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, donde habitan comunidades de los pueblos Wiwa y Kogui –como la comunidad de Mamarongo–, además de 16 resguardos indígenas del pueblo wayuu.

"Cuando los pueblos de la Sierra –Iku (Arhuacos), Kággaba (Koguis), Kankuamos y Wiwas– se enteraron del proyecto no estuvieron de acuerdo con este, pues dentro de su cosmovisión el río es un ser vivo en el que el agua circula como sangre por las venas, por lo que obstruirlo acabaría con su vitalidad. (...) Por su parte los wayuu, aunque asumen el río como un bien común que estructura el territorio y es fuente de bienestar y subsistencia, en un primer momento no objetaron el proyecto –al igual que ciertas comunidades campesinas del lugar–, pues lo vieron como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, dadas las promesas de acueductos, riego, drenaje y acceso a la energía que les hicieron antes de la construcción de la represa", se lee.

Contrario a lo exigido por la ley, señala el informe, durante las primeras fases del proyecto no hubo un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas. Posteriormente, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta manifestaron su oposición a la construcción de la represa, logrando –hacia 2003– que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente exigieran espacios de participación y la realización de la consulta previa a Corpoguajira, entidad encargada de otorgar la licencia ambiental.

A pesar de esto en julio de 2015 el Gobierno Nacional declaró el proyecto Río Ranchería como “obra de importancia estratégica”, y un mes después Corpoguajira dio por cerrado el proceso de consulta previa, otorgándole la licencia ambiental.

"En 2006 las obras iniciaron con una primera emergencia ambiental: cuando se lavó el túnel de desvío para la realización de obras asociadas con la represa, el agua se contaminó con productos químicos y estructuras de hierro ocasionando la muerte de más de 3.000 peces, lo cual se atribuyó a que la Unión Temporal La Guajira (UTG) no cumplió las recomendaciones del plan de manejo ambiental", advierte el reporte.

El proyecto, critica el Observatorio, se definió como un proyecto estratégico y multipropósito que incluyó la represa 'El Cercado', "sin embargo, frente a la continuación de las siguientes fases, el Gobierno Nacional ha manifestado que no dispone de recursos". 

Esto llevó a que la Contraloría estimara en 2018 un detrimento patrimonial de $637 mil millones, advierte la Universidad, agregando que "paradójicamente, este 'elefante blanco' que afectó gravemente la vida y caudal del río Ranchería, actualmente gasta millonarios fondos para su mantenimiento".

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