El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar y el Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP presentaron denuncia y queja disciplinaria ante los desalojos que han calificado como forzosos e irregulares de comunidades rurales vulnerables en La Guajira.
EL HERALDO conoció que, en particular la queja disciplinaria se dirige contra la Inspectora de Policía del Municipio de Barrancas Gretys Leonor Brito Puche y otros funcionarios públicos que resulten responsables por las conductas que denuncian y que afirman, configuran prohibiciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
'Hemos recibido denuncias que estos desalojos vienen afectando de manera discriminatoria y desproporcionada a comunidades afrocampesinas con adultos mayores, mujeres, niños, víctimas y en general familias en una situación de vulnerabilidad social y económica, a las cuales mediante la intimidación del uso de la fuerza pública se les han destruido sus viviendas y cultivos de los que derivan su subsistencia, expulsándolos de las tierras que habían ocupado durante décadas', explica Rosa María Mateus de Cajar.
