La Guajira

Denuncian irregularidades en desalojos de comunidades en La Guajira

Piden a las autoridades investigar a los funcionarios involucrados y hacer acompañamiento a la población vulnerable desalojada.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar y el Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP presentaron denuncia y queja disciplinaria ante los desalojos que han calificado como forzosos e irregulares de comunidades rurales vulnerables en La Guajira. 

EL HERALDO conoció que, en particular la queja disciplinaria se dirige contra la Inspectora de Policía del Municipio de Barrancas Gretys Leonor Brito Puche y otros funcionarios públicos que resulten responsables por las conductas que denuncian y que afirman, configuran prohibiciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

“Hemos recibido denuncias que estos desalojos vienen afectando de manera discriminatoria y desproporcionada a comunidades afrocampesinas con adultos mayores, mujeres, niños, víctimas y en general familias en una situación de vulnerabilidad social y económica, a las cuales mediante la intimidación del uso de la fuerza pública se les han destruido sus viviendas y cultivos de los que derivan su subsistencia, expulsándolos de las tierras que habían ocupado durante décadas”, explica Rosa María Mateus de Cajar.

Uno de los desalojos fue en cercanías al resguardo indígena wayuu Provincial, en Barrancas, donde, según la denuncia “se produjo en un contexto sistemático de despojo, acaparamiento y especulación de ventas de tierras que directa o indirectamente están relacionados con el desarrollo y expansión de las operaciones de mega minería de carbón a cielo abierto que realiza Cerrejón”.

Maritza Deluque Iguarán, una de las afectadas con este desalojo afirma que “nos han arrebatado la tierra donde nacieron nuestros antepasados, destruyeron nuestras viviendas y ahora no tenemos donde vivir, estamos en la calle con nuestras familias”. 

También se pronunció Enilda Iguarán, quien dijo que “mis abuelos llegaron aquí y aún no existía el resguardo indígena, mis hermanos y yo nos criamos aquí, somos los dueños de estas tierras, tenemos más de 80 años aquí y no es justo que nos saquen así de esta manera”.

Cerrejón dice que las tierras se compraron en el 2016

La empresa Cerrejón afirmó que el predio al que se hace referencia se denomina Nueva Idea y es de propiedad de ellos desde 2016, después que fuera comprado a la señora María Rosa Hernández, siguiendo la debida diligencia legal y de adquisición de tierras establecida por la normatividad colombiana vigente y quien a su vez lo adquirió mediante resolución de adjudicación por parte del Incora. 

“Es importante aclarar que durante el proceso de negociación del predio con la señora Hernández, Cerrejón realizó las inspecciones presenciales y visuales necesarias para determinar que no hubiese ningún ocupante u ocupantes que habitaran el predio de manera ininterrumpida. Una vez adquirido el predio, éste fue ocupado ilegalmente en tres oportunidades, las primeras dos veces por una sola persona y la tercera vez por tres personas adultas y no por comunidades o grupo de familias como lo indica el comunicado”, asegura la multinacional.

Agrega que el predio fue comprado por Cerrejón para prestar servicios ambientales tendientes a controlar los niveles de material particulado en el aire y así mantener la calidad del aire en las comunidades aledañas.  

También dice que, antes de llevarse a cabo la diligencia, Cerrejón realizó varios acercamientos con los ocupantes del predio a fin de llegar a un acuerdo para su retiro voluntario.” Sin embargo, esto no fue posible por lo que la empresa acudió a los procedimientos legales establecidos para casos de ocupación de predios”, indica.

A pesar de esto, la comunidad afirma que la señora Hernández obtuvo el predio de manera irregular y que desde entonces han sufrido amenazas, atropellos y violación a los derechos humanos. 

“Detrás de estos abusos y actuaciones ilegítimas ha estado la empresa Carbones del Cerrejón, quien a través de su empleado Salvador Raad, cuñado de la señora María Rosa Hernández negociaron una venta ilegítima de la tierra de nuestros ancestros a la mina, haciendo uso de su inmenso poder corporativo en la región”, aseguran. 

En la denuncia se pide a las autoridades investigar las posibles irregularidades que se pudieron cometer en los desalojos y a la Defensoría del Pueblo que realice una labor de acompañamiento y vigilancia respecto a los desalojos forzosos como graves violaciones a los derechos humanos que se están produciendo contra comunidades vulnerables sujetos de especial protección en el área de influencia de Cerrejón. 

Otro de los desalojos que fueron denunciados fue el predio San José, comprado por Corpoguajira en jurisdicción del municipio de Albania.

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