Corte ordena al Cerrejón proteger a la comunidad wayuu de Provincial

En un fallo de tutela la Corte Constitucional ordenó a la empresa  Cerrejón  implementar medidas transitorias urgentes que prevengan y mitiguen el riesgo de la comunidad wayuu de Provincial en el municipio de Barrancas de sufrir afectaciones a su ambiente y a la salud.

La decisión se incluye en un fallo en el que se tutelaron los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, ya que según las accionantes Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, la explotación minera a cielo abierto de la multinacional se lleva a cabo a menos de dos kilómetros del resguardo y estaría generando múltiples afectaciones a su ecosistema y salud mediante la contaminación del aire de la zona, cuerpos de agua aledaños y la fauna y flora circundantes.

Las dos mujeres afirman que la comunidad ha sufrido múltiples daños a su medio ambiente, sus habitantes sufren de enfermedades respiratorias, visuales, cutáneas y cardiacas, se ha contaminado  el afluente más cercano que es el río Ranchería y se ha disminuido  la productividad de sus tierras, pero además han sufrido la  perturbación constante de su modo de vida.

El alto tribunal ordenó a Cerrejón controlar las  emisiones de material  particulado, limpieza exhaustiva de polvillo de carbón, disminuir el nivel de ruidos que producen sus operaciones, impedir eficazmente la contaminación de fuentes hídricas y la prevención de incendios que se generan en los mantos de carbón de la empresa.

Durante el proceso la Sala Novena de Revisión de la Corte solicitó varias pruebas relacionadas con la calidad del aire y del agua en el resguardo indígena, el control ambiental realizado por Corpoguajira y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otros. También estudió múltiples conceptos e intervenciones realizadas por diferentes entidades estatales, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, entre otras.

“Con base en el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encontró que la comunidad de Provincial se encuentra en una grave situación de riesgo como producto de: (i) la dispersión continua de material particulado y polvillo de carbón que se desplazaba desde la mina hasta el interior de sus hogares, (ii) la presencia de concentraciones de este material (PM 10 y PM 2.5) que superan los límites exigidos a nivel nacional e internacional, (iii) la afectación de suelos y cuerpos de agua aledaños debido a vertimientos y filtraciones en la zona, (iv) la exposición constante de la flora y fauna cercana a sustancias contaminantes, (v) la generación de mezclas complejas de químicos y gases que podrían ser las causantes de diversas enfermedades a los integrantes de la comunidad, entre otros factores”, se lee en el fallo de tutela.

Igualmente se  resaltó que las entidades de control ambiental no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena wayuu de Provincial, a pesar de que en varias sentencias de esta Corporación se ha advertido sobre el grave riesgo que representa la explotación minera a cielo abierto. Inclusive, se encontró que varias entidades como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales corroboraron incumplimientos por parte de  Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes.

La Corte Constitucional hizo un especial llamado a la carbonífera para que realice sus actividades mineras con un grado especial de diligencia, a fin de que sus acciones no afecten el goce efectivo de derechos fundamentales de otras comunidades que habitan cerca de sus terrenos de operación.

La líder wayuu de Provincial María Cristina Figueroa Bouriyu afirmó que “aunque se tutelan los derechos fundamentales, no se logró lo que se buscaba que era cerrar el tajo Patilla, que es el afecta directamente a la población con su operación”.

Añadió que “según Cerrejón, nosotros estamos en una capsula capaz de retener todos los residuos tóxicos que caen en el territorio”.

Figuera dijo que además de la operación de Cerrejón, el daño para el pueblo ha sido la corrupción y la dinámica de las estructuras propias, donde se ha dejado de lado la costumbre de solucionar problemas a través de la palabra por la de comprar conciencias abusando de la necesidad de la gente pobre y sin empleo.

Cerrejón sostuvo que sus operaciones cumplían con los más altos estándares y valores límite de concentración a nivel nacional e internacional, por lo que aseguró que no se estaban generando las afectaciones denunciadas, además, enfatizó que no existían pruebas suficientes que demostraran que sus labores de extracción estuvieran ocasionando perjuicios a la salud o al ambiente de la comunidad.