La Corte Constitucional de Colombia ha admitido formalmente la acción de tutela interpuesta por las comunidades indígenas Wayuu asentadas en la cuenca del Arroyo Guerrero, en el área rural de la capital de La Guajira, quienes denunciaron amenazas sistemáticas, falta de consulta previa y graves omisiones estatales en el marco del proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el Distrito de Riohacha.
En la tutela se señala que diversas instituciones públicas —incluyendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Riohacha y la empresa Espegua— han incurrido en omisiones graves frente a la protección de lideresas indígenas y al respeto por los procedimientos de consulta previa ambiental.
“Las comunidades han sido ignoradas, las amenazas han sido persistentes, y el proyecto continúa sin las garantías mínimas de legalidad, transparencia ni participación indígena”, indicaron los peticionarios en el documento.
La Corte, conforme a lo estipulado por la Constitución Política, ha determinado que el caso será remitido a los jueces del Circuito de Bogotá para su evaluación de fondo, en vista de la concurrencia de autoridades nacionales y territoriales como accionadas en el caso.
Ver también: Murió Alan Rupp, imitador de Leonardo Favio en ‘Yo me llamo’, a sus 39 años
Además reconoce la gravedad de los hechos denunciados, los cuales afectan derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, el agua y el territorio ancestral de las comunidades Wayuu.
Este acto marca un precedente clave en la defensa de los derechos ambientales y culturales de los pueblos indígenas, y es considerado por organizaciones sociales como una oportunidad para visibilizar los conflictos socio-ambientales no mostrados en regiones periféricas del país.
Contexto del caso
El proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Riohacha, financiado con recursos públicos y promovidos por el consorcio PTAR, ha generado preocupaciones profundas en las comunidades indígenas asentadas en la zona.
A pesar de reiteradas solicitudes formales, no se han realizado consultas previas vinculantes, ni se ha garantizado la participación efectiva de las comunidades en la planeación del proyecto.
