Alrededor de 40 estudiantes no habían podido regresar al plantel educativo ante la falta de un servicio de bus escolar.
En marzo de 2022 las víctimas le enviaron al tribunal accionado un informe social que da cuenta de su delicado estado de salud. Esto lo coadyuvó la Procuraduría y aun así no tuvo eco.
La decisión implica la creación legal de las competencias y funciones entre las autoridades locales y del distrito.
El estudiante, quien presentó una tutela contra el colegio Británico Internacional, había sido sancionado por una pelea.
Se negó la impugnación de tutela que habían interpuesto los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.