La licitación pública que se desarrolló para llegar al momento de la contratación del nuevo operador de los sistemas de acueducto y alcantarillado de Riohacha, no se podrían considerar como cosa juzgada, si se tiene en cuenta que la Procuraduría General de la Nación desde el mismo momento en el que se produjo la convocatoria para la licitación ellos se mantuvieron en una posición de control preventivo y cuestionaron varias decisiones que se tomaron en ese proceso administrativo.
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Pese a las recomendaciones del organismo de control, estas no fueron tenidas en cuenta por el ejecutivo y su equipo jurídico y económico y continuaron hasta los últimos peldaños del proceso que en el caso de la referencia, es la contratación que se hizo a través de la resolución 0311 de marzo pasado con la Promesa de Sociedad futura Aqualia S.A.S. y E.P.S.
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A partir de ese momento las cosas empezaron a complicarse para el alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez Cotes, pues los procuradores delegados para la contratación estatal que tenían el caso conocían perfectamente el proceso que se siguió en el curso de la licitación pública 'LP1008/2022, cuyo objeto fue contratar el operador para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Riohacha' y por eso no vacilaron en ordenar la suspensión del cargo del mandatario local por termino de tres meses desde el pasado 29 de abril.
La Procuraduría fue más allá y en el mismo acto administrativo firmado por Gloria Yaneth Quintero Montoya, procuradora Delegada Disciplinaria de Instrucción Tercera para la contratación estatal, también se ordena la investigación contra cuatro funcionarios de la Alcaldía de Riohacha relacionados con la asesoría jurídica y obras públicas.
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Preparan una demanda de nulidad
Este medio conoció de primera mano que en la Procuraduría ya se han desarrollado las reuniones correspondientes para escuchar a los que iniciaron el proceso y determinar de qué manera se puede desarrollar un proceso más certero y rápido para anular la licitación y el contrato que se hizo con la empresa que tiene su matriz en España, pero que viene trabajando en una buena cantidad de territorios nacionales en el aspecto de acueductos.
En los círculos de la Alcaldía de Riohacha donde está encargado el secretario Miguel Panciera Di Zoppola, nadie acepta referirse a este caso, incluso no fue posible conocer si el alcalde tiene contratado un abogado de confianza o su proceso será llevado por el equipo jurídico de la administración.





















