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Las Gardenias es un conjunto habitacional ubicado en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla.
John Robledo y Archivo
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Delitos que conviven en los complejos habitacionales

La Defensoría del Pueblo ha advertido, en dos alertas tempranas, la situación de criminalidad en estos sectores del área metropolitana.

A la Policía le da miedo entrar acá. Por las escaleras y los pasillos lo que abunda son las armas y la droga. Las riñas y las balaceras son a diario”. Con esa declaración *Sofía se refirió a la situación que vive día a día en la urbanización Villas de La Cordialidad.

El testimonio de la mujer pasaría como una escena de una película de ciencia ficción a no ser porque hace exactamente un mes, un video de uno de los tiroteos circuló en redes sociales y llegó a las autoridades.

Pese al episodio, que fue reseñado por los medios de comunicación, Sofía aseguró que “nadie” llegó a ver cómo estaban. “Ni quisiera vinieron a realizar  un allanamiento para saber de dónde salen tantas pistolas”.

En su momento, voceros de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la balacera y manifestaron que no se presentaron denuncias, ni llegaron heridos a centros asistenciales, tampoco hubo víctimas mortales, ni terceros afectados por balas perdidas.

“Es muy posible que por las características personales y las posibles actividades delictivas a las que se dedican las personas que se vieron implicadas y que protagonizaron el hecho, no van a existir denuncias, y si alguien resultó herido no llegará a una clínica”, manifestaron desde la institución armada.

Lo anterior demuestra que las autoridades tienen pleno conocimiento de los hechos que, en esa y en otras urbanizaciones similares, se registran constantemente.

La Policía patrulla la entrada a Las Gardenias.

Un diagnóstico

La situación criminal también se ha presentado en unidades residenciales como la urbanización Las Gardenias, Villas de San Pablo (en Barranquilla) y Ciudadela Real del Caribe (en Malambo). Estos complejos habitacionales hacen parte del programa de vivienda gratis del Gobierno nacional que benefició principalmente a familias provenientes de diversas zonas del área metropolitana y en condiciones de vulnerabilidad.

Allí, desde hace varios años, fueron reubicadas familias víctimas del conflicto armado, población damnificada por desastres naturales y familias desalojadas de zonas de implementación de proyectos de infraestructura, como es el caso de las familias que habitaban el sector de Las Colmenas y La Bendición de Dios.

Sin embargo, las nuevas condiciones de residencia conjunta a la que esta población no estaba acostumbrada, bajo las normas de propiedad horizontal, han derivado en esta serie de conflictos.

En diciembre de 2016, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que daba algunas razones por las que se generaban este tipo de actividades delictivas en esos conjuntos residenciales.

En su informe, la entidad daba cuentas que “la escasez” de establecimientos educativos y “la falta” de acceso a las rutas de transporte escolar venían afectando el derecho a la educación de los niños y adolescentes en los sectores donde fueron reubicados, lo que llevó a crecieran “apartados de la escolaridad”.

 “En estos sectores de vivienda prioritaria, además, existe presencia de integrantes de grupos ilegales, quienes directamente o con el asocio de organizaciones criminales controlan las actividades relacionadas con la venta de sustancias psicoactivas y las extorsiones”, detalló la Defensoría en su primer informe.

La extorsión y las amenazas, detalló el informe, hizo que varias familias que habitan estas unidades residenciales “abandonaran sus viviendas.” También hay presiones a líderes de las juntas comunales.

En el caso específico del conjunto residencial Las Gardenias, se han presentado “intimidaciones” y “presiones” contra los administradores de los conjuntos por oponerse a la venta de drogas al interior de estos.

El sector de la Ciudadela Real del Caribe (vivienda de interés prioritario), ubicada en el municipio de Malambo, consta de 720 apartamentos. La Defensoría reseñó que allí la comunidad ha manifestado que vienen siendo víctimas de hechos que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familiares, por la presencia de miembros de grupos ilegales. “La zona más crítica es la Etapa 4, donde hace presencia uno de los cabecillas del grupo ilegal”.

“En la Ciudadela Real del Caribe las amenazas se vienen presentando especialmente contra la Junta administradora del conjunto residencial, debido a las denuncias interpuestas en contra de las conductas delictivas que vienen cometiendo esas organizaciones criminales. Las amenazas pretenden garantizar el control territorial, que les facilite el expendio local de drogas ilícitas”, dijo la entidad.

Desplazamientos urbanos

El 12 de febrero de 2018, la Defensoría emitió un segundo informe de alertas tempranas donde reiteraba la situación de estos conjuntos residenciales, pero destacaba un nuevo problema: el desplazamiento que estaba originando esos episodios de violencia.

 “Se ha identificado la presencia de integrantes de grupos ilegales quienes directamente con el asocio de organizaciones criminales controlan las actividades relacionadas con la comercialización de drogas ilícitas y el cobro de extorsiones”, relató el informe.

Para esta actividad, destacó el documento,  se ha identificado la utilización de grupos juveniles o pandillas para “intimidar” a los habitantes de estos programas de vivienda,  con la finalidad de “mantener, por las vías violentas, el control territorial”. De la misma manera estas pandillas se han organizado alrededor del tráfico de estupefacientes.

Según el informe, más de 50 casos de desplazamiento forzado se han llevado a cabo dentro de estas residencias. “Las autoridades han adelantado varios operativos y programas de intervención social;  sin embargo,  persisten los riesgos de violaciones de Derechos Humanos para la población que reside en estos proyectos habitacionales”.

También, a finales de febrero de este año, Mateo Gómez Vásquez, defensor delegado para el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, señaló a EL HERALDO que desde 2018 la entidad analiza los riesgos para el área urbana de Barranquilla, revisando temas como extorsión, homicidios selectivos a personas estigmatizadas como consumidores de droga y personas relacionadas con estructuras criminales.

Con respecto a Las Gardenias, el funcionario anotó que se ha detectado el microtráfico de drogas como una de las problemáticas que disparan todo tipo de criminalidad en el sector.

La zozobra en Las Gardenias viene de años atrás.

Operativos

En febrero pasado, atendiendo las denuncias ciudadanas en el sector de Las Gardenias, la Fiscalía y el Ejército organizaron un operativo para investigar la situación. Se programaron 18 diligencias de allanamiento a igual número de inmuebles.

”Más de 70 funcionarios del CTI de la Fiscalía y del Ejército Nacional llegaron y adelantaron los allanamientos. Las diligencias permitieron identificar las zonas afectadas y los posibles responsables de las amenazas a los vecinos”, señaló la Fiscalía.

Detalló la entidad que una mujer fue capturada al encontrarle un arma tipo Changon (arma de fabricación casera de cañón largo) que llamó la atención por el peligro que representa.

 “Los registros indican que estas armas se están elaborando en estos apartamentos y se usan con mucha frecuencia en enfrentamientos entre jóvenes”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Este medio consultó a la Policía si recientemente habían llevado a cabo operativos en esos sectores, pero no ofrecieron ningún tipo de información.

Consideraciones

Janiel David Melamed, Director del Observatorio de Seguridad Ciudadana y experto en seguridad, expone cuatro consideraciones para entender con exactitud la situación que se vive en este tipo de complejos habitacionales, pero enfatiza en que estas no se limitan exclusivamente al entorno local.

 “La primera es que la política de viviendas del Estado tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, se ha concentrado mayoritariamente en el cemento y realmente no logra un impacto integralmente positivo en las personas que son seleccionadas como beneficiadas de estos espacios, para que ellas y sus familias gocen realmente de entornos de sana convivencia”, afirmó.

El segundo punto que expone Melamed se relaciona a la falta de control y seguimiento que se hace a los niveles sociales, económicos y de bienestar de estos espacios habitacionales, una vez son entregados. “No se tiene un adecuado control de quienes habitan los apartamentos”. Por ejemplo, “en Las Gardenias, que tiene una capacidad de 4.080 apartamentos, hoy habita una población de 25.000 individuos aproximadamente, lo cual refleja un claro promedio de sobrepoblación”, dijo Melamed.

En tercer lugar, el experto señala la confluencia de factores que prolongan las adversas condiciones socio-económicas de las personas que las habitan. “Un porcentaje importante de las personas que residen en estos proyectos son víctimas del conflicto armado en Colombia, y tienen bajos niveles de escolaridad. En virtud de lo anterior, no logran ubicarse favorablemente en el mercado laboral, y en muchos casos se ven obligados a dedicarse a actividades económicas regidas por la informalidad, y que a su vez generan bajos ingresos”.

Por último, el Director del Observatorio de Seguridad Ciudadana señala la “cuasi-perpetua presencia de actores criminales y bandas delincuenciales que explotan la presencia intermitente del Estado en estas zonas marginales para consolidar sus economías ilegales, ampliar sus bases sociales y redes de apoyo criminal a cambio de oportunidades de remuneración por actividades ilícitas”.

Ciudades sin ciudadanía

Para Jair Vega, sociólogo y docente del Programa de Comunicación Social de la Universidad del Norte, casos como el de Las Gardenias y Ciudad Caribe lo que muestran es que el urbanista Fernando Viviescas “tenía razón” cuando expuso “que no se pueden seguir haciendo ciudades sin ciudadanía”.

“El Estado cree que creando estos sitios de vivienda de interés social y simplemente instalando allí la infraestructura física de los edificios con las viviendas de interés social, resuelve el problema de la vivienda, pero no se trata de acercar las casas, sino de construir un hábitat”, expone.

Ese hábitat para Vega debe incluir muchos factores, como pensar cómo viven las personas en esos contextos, cómo interactúan. “Es decir que se requiere también de otro tipo de acompañamientos que generalmente no existen en nuestros contextos”.

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