El contrato de transporte escolar en esta localidad tiene un costo cercano a los $2 mil millones y no se estaría cumpliendo con los requerimientos técnicos.
Esta vez las protestas se concentran en un resguardo del municipio Hatonuevo donde los nativos wayuu denuncian que la mitad de los niños no tiene transporte
El Ministerio Público reiteró que para las zonas certificas es un deber legal prestar el servicio educativo.
Se accederá a una prórroga para que los indígenas procedan a la reposición de sus carros por modelos más recientes que generen seguridad.
La secretaria de Educación, Bibiana Rincón, explicó que la suspensión por un tema contractual afectó algunas instituciones educativas del Distrito.