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El patrullero Álvaro Mejía (izquierda), el patrullero Róbinson Guerrero (centro) y el civil Alejandro Carranza Medina, alias Coroncoro. El segundo fue recluido en la cárcel y el último, cobijado con detención domiciliaria.
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Judicial

Cómo se descubrió el robo de 234 armas de la Policía

Análisis grafológicos de actas de retiro y dos testimonios de confesos partícipes del hurto indican, para la Fiscalía, que hubo irregularidades al interior de la institución.

A través de la falsificación de la firma de un fiscal y una serie de documentos, una patrullera de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta retiró 234 armas que, al parecer, fueron devueltas a cambio de dinero a la banda criminal Los Pachenca y la delincuencia común, lo que desató un proceso de investigación por parte de la Dijín y la Fiscalía.

El robo de las armas se produjo entre marzo y septiembre del año pasado, aunque solo se conoció cuando en enero de este año el fiscal 3ro. especializado solicitó una de las armas para uno de sus procesos, pero ya había sido retirada del armerillo de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Las irregularidades quedaron expuestas cuando el funcionario verificó el expediente y notó que habían falsificado la firma suya que aparecía en el acta.

Las primeras consecuencias de las pesquisas se dieron el viernes de la semana pasada con las capturas del mayor Rolando Pinzón García, exjefe de la Sijín de Santa Marta; el intendente Luis Alberto Márquez Soto; los patrulleros Álvaro Javier Mejía Hernández, Róbinson Alexánder Guerrero Tunjo y Víctor Manuel Moreno Romo, además del civil Alejandro Andrés Carranza Medina, alias Coroncoro.

Los vinculados al caso afrontan cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, hurto agravado de armas de fuego y constreñimiento ilegal. A excepción de Carranza, los servidores públicos se declararon inocentes.

“YO SAQUÉ LAS ARMAS”. La confesión de la patrullera Jennifer Mendoza Gómez, adscrita a la Sijín, fue clave para que el mayor Pinzón y los demás detenidos fuesen vinculados a estas pesquisas.

Mendoza admitió en declaraciones rendidas ante la Fiscalía 19 seccional de Santa Marta su participación en el ilícito. “Sí, yo saqué las armas, pero lo hice constreñida”.

Detalles así fueron expuestos en las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento realizadas en el Centro de Servicios Judiciales y en el edificio Benavides Macea. Primero fueron presididas por la Juez 3ra penal Municipal, mas un percance familiar obligó al cambio de togado y fue reemplazada por el Juez 2do Penal Municipal Ambulante contra bandas criminales (bacrim).

El constreñimiento mencionado por la patrullera, de acuerdo a su relato, tuvo sus orígenes en septiembre de 2014. Fue cuando un militar le pidió el favor de agilizar un trámite, y ella, a cambio, le cobró $500 mil para hacerle la diligencia.
Pero Mendoza no cumplió su parte, pese a que recibió el dinero

POR UNA DESCONGESTIÓN. En la carpeta de la investigación se incluye una directiva de la Dirección de la Policía, en la que se ordenó el año pasado un proceso de descongestión de armas y municiones incautadas en operativos contra la delincuencia común y organizada.

La orden no excluyó a la Mesan, donde la responsabilidad de vigilar esa misión recayó en el mayor Pinzón.

La depuración se convirtió en la puerta que permitió las presuntas irregularidades. Al principio, aseguró Mendoza, se rehusó a facilitar la extracción del armamento. Hasta que en mayo fue instaurada en su contra una denuncia por el delito de concusión, debido al dinero que exigió al militar.

La Fiscalía verifica, sin embargo, si esa denuncia es auténtica y fue presentada en realidad por el militar, o de lo contrario fue tramitada por otra persona con el fin de persuadir a la patrullera.

Para el ente acusador no tiene explicación, de momento, que la funcionaria realizara en septiembre de 2014 la exigencia del dinero y solo ocho meses después fuera puesta la queja, justo después de que comenzaron las presiones referidas por ella.

“(Pinzón) Le pidió un oficio donde aparecieran el logotipo y las características de la Fiscalía Tercera Especializada para el retiro de las armas”, explicó el fiscal 19.

“(Mendoza) También aseguró que viajó a Ciénaga, en compañía del mayor Pinzón, para realizar este tipo de procedimientos”, agregó el fiscal, refiriéndose al retiro de armas en el armerillo de la Policía en ese municipio del Magdalena.

La declaración juramentada de Mendoza no es la única que posee la Fiscalía contra los servidores públicos. También la de Carranza, alias Coroncoro, quien acompañó dos veces a la uniformada a transportar material bélico que sacaron del armerillo de la Policía Mesan.

GRAFOLOGÍA CLAVE. Además de las evidencias testimoniales, los agentes Dijín encargados del caso recopilaron imágenes de anotaciones consignadas en los libros de tres almacenes de armerillos de la Policía en Santa Marta y Ciénaga, y de la Sijín.

Las muestras documentales fueron entregadas a expertos en grafología que, al analizarlas, se percataron que la firma del fiscal 3ro. especializado fue falseada en las actas de retiro de 227 armas.

En otros siete documentos hubo manipulación. “Cogieron el folio donde estaba la firma del fiscal y le anexaron una hoja en la parte delantera con tipo de letra que no correspondía al documento oficial”, advirtió el delegado 19.
Otras 10 actas sí fueron firmadas por el funcionario para el reclamo de municiones que fueron destruidas. Y un último requerimiento fue hecho por un juez penal del circuito para un proceso en su despacho.

Los indicios apuntan a que la mayoría de las armas fueron entregadas Los Pachencas, una banda criminal a la que se atribuye el 80% de las extorsiones que se presentan en Santa Marta.

DROGAS, CONTRABANDO Y HOMICIDIOS. Las informaciones de la Fiscalía señalan que la banda basa su financiación en el narcotráfico, desde la comercialización hasta la producción y el transporte de las drogas.

También el tráfico ilícito de combustibles, por medio del control del contrabando de hidrocarburos entre La Guajira y Magdalena. “Efectúan el cobro de los llamados impuestos o vacunas para permitir la circulación de quienes llevan este producto”.

A Los Pachenca también se les responsabiliza de extorsionar a la industria del turismo en la Sierra Nevada y de los asesinatos en 2014 de los guías turísticos Mauricio Barrios y Eduardo Pineda, en venganza por el no pago de ‘cuotas’.

“Coordinan extorsiones a las excursiones que llegan con turistas a Ciudad Perdida y a los restaurantes de la zona. Además, (hacen) reuniones con los guías de turismo y los dueños de las agencias de turismo para establecer los mecanismos de pago”.

Germán Ordóñez Plata, director seccional de Fiscalías en Santa Marta, aseguró tras las capturas que los uniformados delinquían para esa bacrim comandada por Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía.

“Nos duele que personas del Estado, compañeros con los que estuvimos luchando contra la delincuencia, se vean en estas circunstancia, no es nada fácil para nosotros esta situación, pero ellos desviaron su camino”, dijo en la rueda de prensa.
“La participación del mayor Pinzón es parte de la investigación. Todo indica que en un momento dado hacían parte de la propia banda”.

Las indagaciones de la Fiscalía y la Dijín no terminan

Luego de siete días en los que se desarrollaron las audiencias, con recesos y suspensiones, el Juzgado 2 ambulante decidió ayer imponer detención en cárcel contra el patrullero Guerrero y a Carranza, alias Coroncoro, domiciliaria.

Respecto al resto de imputados ordenó su libertad inmediata: el mayor Pinzón, el sargento Márquez y los patrulleros Mejía y Moreno, quienes siguen vinculados a la investigación y el proceso penal, que apenas comienza.

El Fiscal 19 seccional apeló, no obstante, el anuncio a favor del oficial y los suboficiales puestos en libertad. “Esta decisión no es un fallo absolutorio, como tampoco está en firme por el recurso presentado”, explicó desde Bogotá un vocero de la Fiscalía.

EL HERALDO intentó contactar a Ordóñez y a la coronel Sandra Vallejos, comandante de la Mesan, tras la decisión. El primero no respondió las llamadas y la oficial, según la oficina de comunicaciones, está por fuera de la ciudad.

El intendente Márquez dijo al final de la audiencia de ayer que se “acabó un calvario que acabó a mi familia, mis hijos, mi institución, porque nos dieron duro, sobre todo los nexos con los grupos que ni por ahí. Gracias a Dios todo se aclaró”.

Y Álex Fernández, abogado del mayor Pinzón, sostuvo que “trataron de cuestionar su nombre a través de declaraciones infundadas, pero hoy lo regresamos a la sociedad como un ciudadano ejemplar”.

El defensor dio a conocer que el oficial presentará mañana lunes una denuncia por el delito de falso testimonio contra la patrullera Mendoza.

Cae jefe local de Los Úsuga

Alias Garfio, presunto cabecilla del ‘Clan Úsuga’, fue detenido junto con otras cinco personas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, por uniformados del grupo Jungla de la Policía, investigadores de la Sijín y personal del CTI de la Fiscalía.

La Policía informó que el operativo se desarrolló en Santa Rosalía, área rural de la Zona Bananera, y en ella resultó herido en el glúteo Huber Danet Castro Pineda, alias Garfio, jefe local del ‘Clan Úsuga’. “Es requerido para cumplir condena de 25 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado”.

Los otros detenidos fueron identificados como Yadis Manuel Fuentes Rubio, de 35 años; Aníbal José Santa Domingo Vergara, de 19 años; Jorge Barreto Pérez, de 26; Leonidas Ramos Pérez, de 26, y José Luis Pertuz González, de 22.

“En el procedimiento se logró la incautación de dos revólveres, una pistola calibre 9 milímetros, dos escopetas, una granada de fragmentación, un proveedor y municiones”, agregó.

Un juez dictó medida de aseguramiento en la Cárcel Rodrigo de Bastidas a los cinco acompañantes de Garfio, para quien la Policía solicitó al Inpec que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
 

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