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Gran parte de los abusos a menores ocurren en casa.
Josefina Villarreal
Judicial

422 menores víctimas de la violencia sexual en el Atlántico en pandemia

La Fundación Plan dice que el aislamiento ha afectado el derecho de una vida libre de violencia para niñas y adolescentes.

Hace varias semanas, Sofía*, de 14 años, denunció ser una de las dos niñas que cada hora son violadas en Colombia, según cifras de 2019 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La adolescente le dijo a las autoridades que su padrastro abusaba de ella cuando quedaban solos en la habitación en la que vivía con su mamá, en el barrio Kennedy, de Barranquilla.

Desde entonces, la menor entró en uno de los 329 procesos de restablecimiento de derechos (Pard) a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en la Regional Atlántico abrió entre el 12 de marzo y 31 de agosto de 2020, que corresponde a la vigencia de la pandemia de Covid-19.

Para ella, la posición de víctima no era desconocida, pues dijo en su denuncia que los toqueteos y la violencia sexual venían desde hacía dos años. Sin embargo, solo hasta ahora pudo hallar la oportunidad de alzar su voz y decir: “Estoy aquí”.

Según explicó el director para Atlántico del ICBF, Benjamín Collante, apenas el caso de Sofía llegó a manos de la institución se siguió el protocolo que obedece a la consideración de violencia sexual como urgencia médica.

“De inmediato se activa la ruta de atención en articulación con el sector salud y justicia en las primeras 72 horas, para la recolección de pruebas y elaboración de exámenes médicos”, indicó Collante a EL HERALDO.

Al mismo tiempo, dijo el funcionario, la Defensoría de Familia debe presentar la denuncia ante las autoridades competentes y remitir al niño, niña o adolescente a una entidad de salud, para brindarle atención física y mental.

En los estrados judiciales, entre tanto, se da inicio a otra batalla por la búsqueda de justicia y garantías de no repetición.

En el caso de Sofía, su padrastro y presunto abusador fue capturado el pasado seis de octubre, en la carrera 10 con calle 50, en el barrio donde vivían.

A partir de la denuncia y habiendo logrado la captura, una fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas) le imputó al hombre, en audiencias preliminares, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo.

Con el material probatorio y la dura declaración de la menor, el juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías consideró que era necesario mantener al hombre fuera de las calles, por lo que el presunto agresor sexual fue enviado de manera preventiva  a la cárcel.

¿Subregistro?

El proceso judicial por el caso de Sofía apenas comienza; sin embargo, algunos de los 528 casos denunciados en 2019, que requirieron apertura de Pard, han avanzado un poco más.

Si bien las cifras muestran una disminución de 199 casos en el ICBF al comparar 2020 con 2019, hay algo que preocupa a organizaciones defensoras de los derechos de los niños: que se esté presentando un subregistro.

Teniendo en cuenta que la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 arrojó que el  67 % de los casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes ocurren en su propia casa, es posible inferir que haya casos que no estén siendo denunciados en medio de la pandemia que tiene a todos confinados, pues partes de las denuncias de menores se lograban cuando estos iban al colegio o a casas de otros familiares.

De hecho, Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de Fundación Plan, indicó que el aislamiento social por la pandemia ha afectado en mayor medida el derecho a una vida libre de violencia para las niñas y las adolescentes.

“El hogar sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para las niñas y las adolescentes pues allí conviven con los presuntos agresores, quienes son en una mayoría familiares u hombres cercanos y esto se agrava cuando las familias viven en hacinamiento en viviendas con un solo espacio que debe ser compartido por muchas personas”, indicó Ángela Anzola.

Agregó que en los seis meses que llevamos de pandemia, las líneas de atención nacionales y locales a niñas y mujeres han tenido un incremento en el número de llamadas, la mayoría de estas relacionadas con violencia intrafamiliar.

Ángela Anzola también citó a Medicina Legal asegurando que los reportes del instituto dan cuenta de que 422 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en el Atlántico, entre enero y agosto de 2020.

“También se ha dado un incremento desproporcionado en los feminicidios, los cuales en muchas ocasiones están acompañados de violencia sexual, siendo septiembre uno de los meses más violentos: 86 casos, de los cuales 13 fueron niñas entre los 10 y 19 años. Esto muestra que la pandemia ha agudizado las formas de violencia para las niñas, las adolescentes y las jóvenes”, agregó.

Es por eso que indicó que la invitación a las familias y entidades estatales es a hacer todo lo posible para prevenir los casos de violencia sexual contra menores, pues “esta forma de violencia impacta de manera negativa todos los aspectos de su vida”.

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