Una nueva socialización de la Hoja de Ruta para la construcción de la Paz Urbana en Barranquilla se llevó a cabo este viernes 24 de abril en un hotel del norte de la capital, evento organizado por la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico.
Se trató de una segunda presentación de este proceso que empezó el año anterior con una tregua entre los cabecillas de Los Pepes y Los Costeños, pero que en los últimos meses ha tenido fisuras por los enfrentamientos entre los dos bandos y un plan criminal de expansión en el Atlántico para dominar el narcotráfico y la extorsión.
Camilo Pineda, delegado del Gobierno para el Espacio de Conversación Sociojurídico, explicó que actualmente las conversaciones se mantienen únicamente con Los Costeños y Los Pepes, al considerar que abrir nuevos frentes sin resultados concretos podría afectar la estrategia. “No se puede meter y meter, sin tener algo concreto”, sostuvo.
Durante la presentación de la hoja de ruta, el funcionario detalló que el plan es resultado de un trabajo previo con comunidades y actores del territorio, y que no es un documento definitivo.
“Es un plan orgánico, no está escrito en piedra, va cambiando con las inquietudes y necesidades de la gente”, explicó Pineda, al señalar que ya han recibido observaciones de distintos sectores, incluidas víctimas, que están siendo incorporadas.
Agregó que actualmente cuentan con una hoja de ruta “clara”, pero con límites que permiten avanzar de forma gradual dentro de las estrategias planteadas.
El delegado indicó que el plan contempla seis estrategias, de las cuales cinco dependen principalmente de la articulación con instituciones, comunidades y ciudadanía, y no directamente de los grupos armados.
La sexta estrategia, enfocada en el sometimiento a la justicia, sí requiere interlocución con estructuras criminales, aunque aclaró que este proceso no depende únicamente de la Consejería de Paz.
“Se necesita la participación de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, porque el objetivo es avanzar hacia el desmantelamiento de estas estructuras dentro del marco de la justicia ordinaria”, precisó.
Pineda también reconoció que aún no han recibido aportes directos de la Alcaldía de Barranquilla ni de la Gobernación del Atlántico, aunque aseguró que se están buscando espacios de diálogo para lograr acuerdos en temas clave como seguridad ciudadana y salud mental.
