Un verdadero prontuario criminal tiene Juan Carlos Lara Bustos, alias Coqui, uno de los dos capturados por el crimen del menor de edad Juan Manuel Hernández Pérez, muerto a tiros en un atentado en el barrio La Esmeralda la tarde del jueves anterior.
Lara Bustos, de 47 años de edad, fue detenido junto con Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años, en medio de un plan candado ejecutado por la Policía Metropolitana de Barranquilla minutos después de ocurrido el cruel ataque.
El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que la detención de los dos individuos se logró luego de la activación de este dispositivo de reacción policial que incluyó varias patrullas en el suroccidente de la capital.
Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y una motocicleta, elementos que habrían sido utilizados para cometer el crimen.
Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el prontuario criminal de los dos sujetos detenidos, quienes, al parecer, actuarían para la estructura criminal ‘los Costeños’.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos registran un total de 12 anotaciones judiciales por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas y hurto, así como otros.
Y en detalle señalaron que en el caso de Juan Carlos Lara Bustos, alias Coqui, tenía al menos cuatro anotaciones judiciales por el delito de homicidio en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, registrando como víctimas fatales de esos episodios a Idalmis María Escorcia Hernández, de 36 años, asesinada en junio de 2016 en el barrio El Bosque, y a Donaldo Enrique García Molinares, el 16 de diciembre del 2017 tras oponerse a un robo en la calle 71B con carrera 15, barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla. Los otros dos casos no fueron dados a conocer, pero tienen fechas de mayo y julio de 2022.
Hay que señalar que los dos capturados por el crimen del niño Juan Manuel Hernández Pérez fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
