En agosto de 2015, investigadores de la Dijín de la Policía y agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a 13 personas presuntamente implicadas en actos de corrupción al interior del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Entre los capturados figuraban los jueces penales municipales Edwin Volpe Iglesias, José Vergara Otero y Rafael Uribe Henríquez; la juez cuarta penal del circuito Gloria Amparo, Giraldo Ruiz; el fiscal, Óscar Contreras Amarís; los funcionarios del complejo Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández; los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo; el coordinador de la Casa de Justicia del barrio La Paz, Armando Castro Barraza; el inspector de Policía, Francisco Sanabria Muñoz, y una líder del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra.
Días después fue capturado Enisberto José Maestre Fernández, secretario del juzgado 13 penal municipal. Todos fueron relacionados con presuntas irregularidades en la 'asignación de audiencias y la toma de decisiones de algunos jueces', informó la Fiscalía.
El fiscal 6 anticorrupción Germán Arias Cortés, a cargo del caso, solicitó el traslado de los procesados hacia Cartagena, donde durante varios días se desarrollaron las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. Se llevaron a cabo ante la juez 9 penal municipal, Elizabeth Araújo Arnedo.
El proceso presentado ante el país como una'red de corrupción', se ha ido diluyendo en casos aislados y hasta ahora solo un implicado fue condenado por haber aceptado por concusión.
Los jueces
En el desarrollo de las audiencias el fiscal Arias imputó al juez Edwin Volpe el delito de prevaricato por acción, por revocar el 20 de diciembre de 2014 la medida de aseguramiento intramural contra el empresario cartagenero Alfonso del Cristo ‘el Turco’ Hilsaca Eljadue, procesado por concierto para delinquir agravado, homicidio, y financiación de grupos de delincuencia organizada.
A la jueza Gloria Giraldo le correspondió por reparto estudiar la apelación que el fiscal 48 contra el crimen organizado, Hugo Quintero Ariza, presentó contra la libertad al ‘Turco’ Hilsaca, la cual confirmó en segunda instancia.
Arias imputó a Giraldo el mismo delito que a Volpe, con el argumento de que había fallado contra la ley. A los dos, la juez de Cartagena les impuso medidas de aseguramiento domiciliarias.
Pero el 8 de septiembre último el juzgado 1ro. promiscuo municipal de Usiacurí revocó la medida contra la funcionaria y ordenó su libertad. Consideró que la 'no representa ningún peligro para la sociedad ni para el proceso'. Giraldo ya fue reintegrada al cargo de jueza 4ta. penal del circuito.
El 16 de diciembre, el juzgado 16 penal municipal revocó también la detención domiciliaria contra Volpe.
Miguel Marú, abogado del equipo de la defensa del juez, dijo al finalizarse la audiencia que el juzgado 16 consideró lo mismo que el despacho de Usiacurí: que el procesado no representa ningún peligro para la comunidad y un riesgo de obstrucción a la justicia.
El fiscal anticorrupción apeló la decisión del togado. Al igual que Giraldo, Volpe Iglesias retornó a su puesto. Ambos siguen vinculados al proceso penal.
A Uribe, juez 13 penal municipal, el fiscal Arias le imputó constreñimiento ilegal, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, cargos que el togado no aceptó.
En la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía lo señaló de haber 'influido y presionado' a un funcionario del Centro de Servicios para que asignaran a Volpe como juez de la audiencia de revocatoria pedida por la defensa de Hilsaca.
Uribe Henríquez también quedó en libertad por decisión de un juez y regresó al despacho 13, aunque el proceso en su contra tampoco se ha terminado.
Al juez 12 penal municipal, José Vergara Otero, el delegado acusador le endilgó los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir por otorgarle detención domiciliaria a Steffy Díaz Atencia, alias ‘la Beba’, al parecer a cambio del pago de $6 millones.
Díaz fue capturada en noviembre de 2014 señalada de pertenecer a ‘los Químicos’, una banda local dedicada a la producción y el tráfico de drogas.
A diferencia de los jueces mencionados, Vergara está en libertad por vencerse los términos para que se inicie el juicio oral en su contra.
¿Anomalías?
La investigación a Hilsaca Eljadue desembocó en una segunda que correspondió por reparto a la fiscalía 4ta. especializada del grupo contra falso testimonio y delitos conexos.
Dentro de esas segundas pesquisas se ordenó la recepción de varias declaraciones bajo la gravedad de juramento que, para el despacho, evidencian 'presuntas irregularidades en la investigación que se adelanta en la fiscalía 48 especializada, adscrita a la unidad contra el crimen organizado de Barranquilla'.
La fiscalía 4ta. especializada abrió por eso una indagación y remitió copias de las declaraciones juradas que refieren las posibles anomalías a la unidad 'para la corrupción de la administración de justicia, a través de la dirección de Fiscalías, en donde se asignará el funcionario que asumirá el conocimiento de la investigación', dice el documento conocido por EL HERALDO.
La orden hace referencia a posibles falsos testimonios de los hermanos Juan y Brayan Borré Barreto, exparamilitares y exintegrantes de ‘los Rastrojos’, quienes señalan al empresario Hilsaca Eljadue de financiar la banda y ordenar el asesinato del hijo de un exparamilitar que lo implicó en el múltiple homicidio de cuatro prostitutas en Cartagena.
Los testimonios de los Borré Barreto resultan 'contradictorios', a criterio de la Fiscalía 4ta. Especializada.
Una sola condena
El juzgado 7mo. penal del circuito condenó a cuatro años de prisión a Armando Castro Barraza por el delito de concusión. El hoy excoordinador de la Casa de Justicia del barrio La Paz reconoció haber recibido $500 mil para facilitar la expedición de certificados de buena vecindad y madre cabeza de hogar a favor de alias ‘la Beba’. Los documentos sirvieron para que el abogado Gabriel Ramos Fontalvo lograra que el juez Vergara le concediera detención domiciliaria.
Abogados
El fiscal Arias imputó a Ramos los delitos de prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, por el beneficio irregular que obtuvo para su defendida, alias la Beba.
Meses después, el abogado se acogió a un principio de oportunidad y se convirtió en testigo de la Fiscalía contra los demás acusados.
Respecto a Orlando Anaya, la Fiscalía evidenció posibles anomalías en el papel que tuvo como el abogado que consiguió que un juez le diera casa por cárcel a Héctor Quiroz Gutiérrez, capturado en 2013 como uno de los presuntos partícipes del desfalco de $50 mil millones a la Dian, a través de devoluciones del IVA.
Arias le imputó los delitos de prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. Anaya está libre después de que un juez accediera a revocarle la medida de aseguramiento. El proceso en su contra está suspendido por un recurso de nulidad que presentó su defensor ante el Tribunal Superior de Barranquilla.
A los funcionarios del Centro de Servicios Luis Carlos Tovar Vanegas y César Villadiego Hernández, la Fiscalía les imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. En la actualidad Tovar permanece con detención domiciliaria y Villadiego, libre por vencimiento de términos.
El fiscal
Agentes de la Sijín arrestaron el 20 de abril de 2016 al fiscal Óscar Contreras Amarís, quien tenía orden de captura por los delitos de concusión, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Según la imputación de la Fiscalía, Contreras estuvo involucrado en la devolución de la camioneta Chevrolet ‘Captiva Sport’, de placas MHW 392, decomisada a Stefy Díaz al ser detenida por policías en septiembre de 2014. En el vehículo fueron encontrados 5 kilos de cocaína.
Para la devolución de la camioneta debía mediar la decisión de un juez, que este la anunciara en una audiencia. La Fiscalía cuenta con evidencias de que Contreras la entregó sin autorización judicial y que por ello habría cobrado $6 millones. El ahora exfiscal cuenta con detención domiciliaria.
A Enisberto Maestre, secretario del juzgado 13 penal municipal, la fiscalía 6 anticorrupción le imputó cargos por constreñimiento, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. El funcionario está libre por vencimiento de términos, como sucedió en el caso del juez Vergara Otero.
Absueltos
El inspector de policía Francisco Sanabria y la líder comunal Nerilda Caré fueron procesados por los delitos de concusión, falsedad en documento público y concusión en calidad de intervinientes.
Según la Fiscalía, facilitaron que la defensa de ‘la Beba’ obtuviera el certificado de buena vecindad en el barrio Las Estrellas, donde tiene su domicilio.
El juzgado 3ro. penal del circuito emitió empero un fallo absolutorio a favor de Sanabria y Caré, quienes recuperaron su libertad.
Al emitir la sentencia, el despacho señaló que no hay evidencias de la 'inferencia razonable de autoría' de la líder y el inspector en los delitos por los cuales fueron acusados por la Fiscalía.
