Cumpliendo con la orden de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía 22 de la unidad Antiterrorismo comenzó en firme la investigación por las irregulares adjudicaciones de las 36 parcelas arrebatadas, entre 1997 y 2000, por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a sus primeros dueños.
Las tierras están ubicadas en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, zonas del municipio de Chivolo (Magdalena).
Como lo reveló EL HERALDO en julio pasado, las anomalías consistieron en que, sin importar que las familias campesinas huyeron porque fueron amenazadas, el liquidado Incora le aplicó a cada predio la caducidad administrativa argumentando su abandono.
Luego, con una diligencia inusual, los transfirió a nombre de exmiembros del Bloque Norte de las AUC o personas cercanas a Tovar.
Lo anterior hizo parte de la estrategia de Jorge 40 para ampliar la base de operaciones que tenía en una hacienda suya en el municipio San Ángel, vecina a los bienes usurpados.
Precisamente, las evidencias de su infiltración al desaparecido Incora están en los documentos que el Ejército halló, en 2006, en una caleta que Tovar tenía en ese sitio.
Igualmente, agentes del CTI que visitaron El Encanto plasmaron en sus informes: 'se logró establecer que figuran como segundos adjudicatarios desmovilizados del Bloque Norte y Córdoba'.
LA DECISIÓN
Las personas llamadas a indagatoria por falsedad ideológica en documento público, desplazamiento forzado y concierto para delinquir son actuales trabajadores y exempleados del Incoder, antes Incora, y exfuncionarios públicos y dirigentes políticos magdalenenses.
Están vinculados José Fernando Mercado Polo, exgerente Regional del Incora; Francisco Solano Díaz, jefe de Cartera; Luz Cenit Curiel, exasesora jurídica; Ernesto Gómez Goelkel, jefe de Gestión; y José Lozano Andrade y Carlos Vásquez Vásquez, quienes integraron el comité de adjudicaciones de la extinta entidad.
También, Mileth Villa Zabaleta, concejal de Chivolo; Carlos Peñaranda Massón, registrador seccional de Plato; Armando Andrade Palacio, notario de Ariguani, y José Norberto Bedoya Prada, apodado El Mono, un exconcejal de Fundación cuyo nombre figura en la información incautada.
ORDEN DE LA CORTE
El llamado se hizo dentro del plazo de 30 días hábiles que, el 19 de enero pasado, dio la Sala de Casación Penal de la Corte.
La orden, cuyo ponente fue la magistrado Fernando Castro Caballero, se dio al resolverse la apelación que la Fiscal 3 de Justicia y Paz interpuso contra la decisión de un magistrado de Control de Garantías: blindar las 36 parcelas para que no cambien de dueño, pero sin exigirle prontos resultados al Incoder y a la Fiscalía 22.
'Cuando la inactividad o inoperancia se convierte en el modelo de conducta que se ofrece por toda entidad y servidor público, resulta perentorio conminarlos para que actúen', sentencia Castro, que accedió a la petición de la Fiscal 3. Por Redacción Judicial
Cumpliendo con la orden de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía 22 de la unidad Antiterrorismo comenzó en firme la investigación por las irregulares adjudicaciones de las 36 parcelas arrebatadas, entre 1997 y 2000, por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a sus primeros dueños.
Las tierras están ubicadas en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, zonas del municipio de Chivolo (Magdalena).
Como lo reveló EL HERALDO en julio pasado, las anomalías consistieron en que, sin importar que las familias campesinas huyeron porque fueron amenazadas, el liquidado Incora le aplicó a cada predio la caducidad administrativa argumentando su abandono.
Luego, con una diligencia inusual, los transfirió a nombre de exmiembros del Bloque Norte de las AUC o personas cercanas a Tovar.
Lo anterior hizo parte de la estrategia de Jorge 40 para ampliar la base de operaciones que tenía en una hacienda suya en el municipio San Ángel, vecina a los bienes usurpados.
Precisamente, las evidencias de su infiltración al desaparecido Incora están en los documentos que el Ejército halló, en 2006, en una caleta que Tovar tenía en ese sitio.
Igualmente, agentes del CTI que visitaron El Encanto plasmaron en sus informes: 'se logró establecer que figuran como segundos adjudicatarios desmovilizados del Bloque Norte y Córdoba'.
LA DECISIÓN
Las personas llamadas a indagatoria por falsedad ideológica en documento público, desplazamiento forzado y concierto para delinquir son actuales trabajadores y exempleados del Incoder, antes Incora, y exfuncionarios públicos y dirigentes políticos magdalenenses.
Están vinculados José Fernando Mercado Polo, exgerente Regional del Incora; Francisco Solano Díaz, jefe de Cartera; Luz Cenit Curiel, exasesora jurídica; Ernesto Gómez Goelkel, jefe de Gestión; y José Lozano Andrade y Carlos Vásquez Vásquez, quienes integraron el comité de adjudicaciones de la extinta entidad.
También, Mileth Villa Zabaleta, concejal de Chivolo; Carlos Peñaranda Massón, registrador seccional de Plato; Armando Andrade Palacio, notario de Ariguani, y José Norberto Bedoya Prada, apodado El Mono, un exconcejal de Fundación cuyo nombre figura en la información incautada.
ORDEN DE LA CORTE
El llamado se hizo dentro del plazo de 30 días hábiles que, el 19 de enero pasado, dio la Sala de Casación Penal de la Corte.
La orden, cuyo ponente fue la magistrado Fernando Castro Caballero, se dio al resolverse la apelación que la Fiscal 3 de Justicia y Paz interpuso contra la decisión de un magistrado de Control de Garantías: blindar las 36 parcelas para que no cambien de dueño, pero sin exigirle prontos resultados al Incoder y a la Fiscalía 22.
'Cuando la inactividad o inoperancia se convierte en el modelo de conducta que se ofrece por toda entidad y servidor público, resulta perentorio conminarlos para que actúen', sentencia Castro, que accedió a la petición de la Fiscal 3.
