Claro y Carvajal demandan licitación del Sena
Las empresas señalan que la licitación de servicios TIC de la entidad fue “manipulada, amañada y dirigida”.
Para la contratación del integrador de servicios tecnológicos del Sena, la entidad abrió la licitación pública DG-LP-0001-2019, por valor de $723 mil millones, a la cual se presentaron Movistar y la Unión temporal Gestión Integrada UT GIS), conformada por las empresas Carvajal y Claro.
Tras ser sometidas a un estudio, el Sena adjudicó la contratación a la oferta presentada por la empresa Movistar. Sin embargo, Claro y Carvajal presentarán una acción de tutela por la violación al debido proceso.
Adicionalmente, la UT GIS denunció penalmente en averiguación de responsables al comité de evaluación y asignación de la subasta por fraude procesal, puesto que contrario a lo declarado en la audiencia de asignación, el Sena no publicó en el sistema SECOP II ni las subsanaciones ni las observaciones a la propuesta de la UT GIS por parte del competidor adjudicatario de la licitación.
Al ocultar esta información, según la parte demandante, el SENA no le permitió a la UT GIS conocer la información y ejercer oportunamente el derecho a la contradicción, “por lo cual la propuesta de Carvajal y Claro fue descalificada injustificadamente y el proceso está viciado de nulidad”.
La tutela que se presentará este lunes, amparada en la violación al principio de publicidad y transparencia, solicita la suspensión de la celebración del contrato hasta tanto se investigue la violación del debido proceso.
“En ningún momento la información estuvo o está disponible para los competidores ni para la opinión pública. Hasta la fecha de hoy no ha sido posible conocer la documentación relativa a la subsanación y las observaciones presentadas por el competidor adjudicatario como lo indica el Sena”, manifiesta la UT GIS.
En agosto pasado la Procuraduría había hecho una advertencia sobre algunos aspectos de la licitación como el uso del marco de precios y la pluralidad de participantes.
“Hay más de 720.000 millones de pesos de los colombianos involucrados en esa contratación, y son procesos muy complejos desde el punto de vista técnico. Por eso, mi recomendación es que hagan un alto en el camino, que miren todas las variables y las observaciones que ha hecho la Procuraduría General de la Nación, la mayoría de las cuales no han sido tenidas en cuenta”, dijo en su momento el procurador Fernando Carrillo.
