Ante la Corte Constitucional llegó una solicitud formal por parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en la que piden que se anule la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro a inicios de 2026 con motivos de las inundaciones derivadas del frente frío que golpeó varios departamentos del país.
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El gremio explica que el Ejecutivo ha utilizado este mecanismos para suplantar las funciones propias del Congreso de la República y se excede en sus competencias.
Para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, las fuertes lluvias que golpearon departamentos como Chocó, Antioquia, Sucre, pero especialmente Córdoba no cumplen con los requisitos para catalogarse como un hecho imprevisible -requisito esencial para que la declaratoria de emergencia económica sea válida.
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Por el contrario, consideran que el frente frío fue una “omisión estatal prolongada”, pues argumentan que el Ideam y la UNGRD ya había advertido que un fenómeno como este se podría presentar en Colombia, es decir, era previsible.
Explicaron que ante esta situación, el Gobierno nacional debió haber actuado con mecanismos ordinarios y no invocando poderes extraordinarios que se saltan el Congreso.
Así las cosas, la ANDI pidió que se devuelva el dinero recaudado con los impuestos que se crearon en el marco de la declaratoria de emergencia económica, como ya ha sucedido con otros decretos que por decisión judicial han tenido que ser devueltos.
Ya a mediados de abril, la misma corte ordenó, por unanimidad, tumbó el decreto que cobraba impuestos como, por ejemplo, el IVA del 19 % a los licores y el impuesto al patrimonio al amparo de la primera emergencia económica del Gobierno.
Y no solo eso, también le ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) devolver el dinero que se recaudó entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, cuando la emergencia producía efectos antes de la suspensión provisional.
