El pasado 24 de abril la Contraloría General de la República presentó el estudio sectorial ‘Evaluación de los avances y desafíos de los programas del Gobierno nacional dirigidos a la reducción del déficit habitacional para el cuatrienio 2022-2026′, en el que evidenció que, aunque el déficit habitacional se redujo de 36,6 % en 2018 a 26,8 % en 2024, “los avances siguen siendo limitados, desiguales y con rezagos estructurales que afectan su impacto real”.
La delegada para el sector Vivienda y Saneamiento Público advirtió en el informe que la reducción del déficit habitacional no ha sido homogénea. “Mientras las zonas urbanas muestran mayores avances, las rurales y territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) mantienen rezagos significativos, con una brecha urbano-rural que alcanza 43,9 puntos porcentuales”, sostuvo.
En ese sentido, el ente de control expuso que la política de subsidios de vivienda del Gobierno nacional no logró reducir el déficit habitacional hasta cerrar las brechas urbano-rurales.
El informe también advirtió sobre posibles asignaciones distorsionadas de los subsidios, ya que la política de vivienda permite que un mismo hogar reciba apoyos de Fonvivienda y las cajas de compensación de manera simultánea.
“Esta posibilidad incrementa el riesgo de doble contabilización, ya que la suma de subsidios no representa necesariamente un mayor número de hogares beneficiarios distintos, sino una acumulación de apoyos sobre los mismos hogares”, subrayó.
Igualmente señaló que la situación se complica por el desfase entre asignación y ejecución de los subsidios, pues esto implica la demora en la presentación de resultados y afecta el análisis final de la efectividad de la política.
Indicó además que las cifras arrojan que los programas de mejoramiento habitacional tienen mejor relación costo-beneficio que los proyectos de vivienda nueva, principalmente en zonas rurales, donde se registran mayores costos unitarios y menor impacto relativo.
