A la oposición de los fondos de pensiones, agremiados en Asofondos, centros de pensamiento y el mismo Banco de la República, se unió la Contraloría General de la República (CGR), entidad que lanzó una advertencia sobre el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que busca reglamentar el traslado de dichos recursos.
En ese sentido, alertan que que esta medida no sería jurídicamente viable, ya que la misma ley que le dio vida a la llamada oportunidad de traslado (la cual permitió que las personas que habían superado la edad máxima para cambiarse de régimen lo pudieran hacer sin tener que recurrir a mecanismos judiciales) establece que esos recursos deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se cause el derecho pensional.
Además del debate jurídico, la CGR alertó sobre riesgos fiscales. Dentro de ello, señalaron que el traslado de estos recursos a Colpensiones podría implicar que el ahorro pensional de largo plazo se convierta en gasto corriente, destinado al pago inmediato de mesadas.
“Este cambio podría incrementar el pasivo pensional del Estado y trasladar cargas a futuras generaciones”, socializó el ente de control.
La Contraloría señaló que la implementación del decreto, en su forma actual, resulta inviable tanto por razones jurídicas como fiscales, lo que abre un nuevo frente de debate sobre el alcance y la sostenibilidad de la reforma pensional en Colombia.
Hay que decir que, con corte a febrero de 2026, cerca de 119.496 personas han hecho uso de la opción de traslado, acumulando recursos por aproximadamente $
24,7 billones. De ese total, 18.507 personas ya consolidaron su derecho pensional y el resto aún no han completado todos los requisitos, que principalmente son edad y semanas cotizadas.
