Colombia nuevamente vive una incertidumbre en lo que tiene que ver con el sistema pensional. Y es que la polémica de todo esto se genera cuando se conoció que el Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto que ordenaría a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) trasladar más de $25 billones a Colpensiones, recursos correspondientes a afiliados que se acogieron a la denominada “ventana de oportunidad de traslado” prevista en la Ley 2381 de 2024. La iniciativa abrió un periodo de comentarios por 15 días.
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Todo esto ha generado una ráfaga de opiniones en contra por parte de gremios y expertos en el tema, pero también una defensa considerable por parte del Gobierno nacional.
Las críticas
Uno de los que más se mostró en rechazo a ello fue la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) con su presidente José Ignacio López, quien manifestó que esto podría comprometer la sostenibilidad del sistema pensional y generar mayor presión fiscal a futuro.
En ese sentido, recalcaron que la medida planteada en el borrador tendría efectos negativos en el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas.
“De ese total, cerca del 70 % —aproximadamente $17,5 billones— está invertido en títulos de deuda pública, una cifra que equivale a casi un tercio de la colocación anual prevista por el Gobierno en ese mercado, que se sitúa alrededor de $60 billones. Ante la obligación de liquidar rápidamente estos activos, se produciría una oferta masiva en el mercado de deuda, presionando a la baja los precios de los títulos”, indicó López en un análisis del centro de pensamiento.
Agregó que como resultado, las tasas de interés subirían y aumentarían los costos de endeudamiento para el Estado en un contexto en que el pago de la deuda ya supone una carga significativa en el Presupuesto General de la Nación.
“La medida iría más allá de su efecto inmediato en el mercado de capitales. Al utilizar los fondos destinados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) —instrumento central para financiar las pensiones futuras de los trabajadores con ingresos hasta 2,3 salarios mínimos— para cubrir obligaciones ya exigibles, se vaciaría más rápido este instrumento. Cuando el Fapc se quede sin recursos, la diferencia tendría que solventarse con el Presupuesto General de la Nación, lo que podría derivar en necesidades de mayores ingresos tributarios o recortes en el gasto público”, socializó Anif.
En un análisis suministrado a EL HERALDO, el gremio Asofondos –que abarca los fondos privados de pensiones-, sostuvo que dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de $25 billones, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley.
“Lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”, expresó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
El gremio manifestó su preocupación por los cambios a la ley que generaría dicho decreto y hace un llamado al Ministerio de Trabajo y a los demás actores del sistema para que se revise con detalle esta iniciativa que a todas luces resulta inconveniente.
Velasco indicó que punto central de la controversia es el destino de los recursos acumulados por quienes se trasladaron de régimen al amparo del artículo 76 de la Ley 2381. “Lo que busca es obligar a los fondos a girar unos dineros que el Congreso de la República determinó que debían ahorrarse”, dijo Velasco.
Añadió que la norma estableció que esos saldos deben permanecer en las cuentas individuales hasta que la persona consolide su pensión y, solo en ese momento, trasladarse al fondo de ahorro del pilar contributivo administrado por el Banco de la República.
Por último, dijo que el decreto proyectado sería ilegal, ya que esos recursos no se pueden girar al Gobierno.
A su vez , uno de los cuestionamientos planteados por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, apunta hacia si el Gobierno tiene pleno conocimiento de las implicaciones de trasladar un monto tan elevado, entendiendo que las entidades tendrían que salir a vender inversiones dentro de las cuales el principal activo es propio de la deuda de la nación.
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En ese orden, el vocero de los empresarios cuestionó al Gobierno sobre si sabe que cuando se debe salir a rematar en postura de desespero un activo, el precio de un activo se ve reducido; adicionalmente, ante las mismas acciones pregunta si hay noción sobre la consecuencia de que las tasas de interés se disparen.
“El alza de las tasas de interés deberá pagarlo la Nación, lo que implicaría un aumento de la deuda nacional que ya consume hasta 25 % del presupuesto nacional, donde continuó preguntando el propósito de uso de dichos recursos”, insistió el presidente de la Andi.
“Huele a desespero”
El ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, expresó que la iniciativa del Gobierno nacional “huele a metros el desespero por ‘meterle la mano’ a recursos que liberarían otros en el presupuesto nacional y que se convierten casi en una especie de reforma tributaria ($25 billones) y todo a costa del ahorro pensional de los colombianos, que terminarán en gasto de bolsillo del gobierno”.
Restrepo indicó que la propuesta equivale a una forma indirecta de financiar el gasto público con recursos que tienen un destino específico: garantizar las pensiones.
“Estamos hablando de un ahorro que pertenece a los trabajadores y que no debería convertirse en un mecanismo para cubrir necesidades fiscales inmediatas”, indicó.
La defensa
El presidente Gustavo Petro señaló que la decisión de la Corte Constitucional de frenar la aplicación de la reforma pensional ha impedido su entrada en vigencia y sostuvo que tanto las EPS como los fondos privados de pensiones están destinados a “quebrar”.
En un mensaje público, el mandatario también respondió a los señalamientos de Asofondos, que ha advertido que el decreto contraría lo dispuesto por la norma aprobada por el Congreso.
El presidente afirmó que la reforma pensional fue diseñada para articular los distintos regímenes existentes y evitar la competencia entre ellos.
“La reforma pensional efectivamente normaliza una articulación tranquila y complementaria entre los diferentes regímenes pensional que existen en Colombia y evita su competencia, ese fue el propósito principal que tuvimos, dado que disminuye el déficit fiscal y permite más garantías de pensión a la gente que trabaja. Lo llamamos el sistema de pilares y fue creado en Holanda con éxito”, trinó el jefe de Estado.
En ese sentido, Petro manifestó que mientras la reforma permanezca suspendida, continúa vigente la competencia entre regímenes establecida en la Ley 100 de 1993; y sostuvo que los trabajadores que se pensionen en Colpensiones y tengan ahorro acumulado en fondos privados deben reclamar esos recursos, “como parte de la financiación de su pensión en Colpensiones. Es su derecho”.
