La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en cabeza de su presidente Bruce Mac Master, expresó su profunda preocupación frente al aparte del documento publicado por el Gobierno Nacional, relativo a una serie de preguntas que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría realizando a algunas empresas que operan en el país.
Explicaron que aunque la SIC tiene la posibilidad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, esta facultad la debe ejercer en los precisos términos que la ley establece.
La Andi expresó que la medida excede las facultades de la Superintendencia solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales.
“Cuando no se actúa en desarrollo de una competencia expresamente atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. Esto afecta la competitividad y la seguridad jurídica, elementos esenciales para los actores del mercado formal en Colombia”, detalló Bruce Mac Master.
En ese sentido, agregó que no existe norma que asigne a la SIC la competencia para inspeccionar, en sí mismos, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología por parte de las empresas.
“La ANDI reafirma que la protección del consumidor colombiano constituye un elemento esencial dentro de nuestro orden jurídico; sin embargo, su ejercicio debe realizarse de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares”, dijo Mac Master.
Recordó que, de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Política, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les sean expresamente atribuidas por la ley. En este caso, no resulta claro cómo las preguntas formuladas corresponden al ejercicio de competencias asignadas a la SIC.
“Las facultades para solicitar información no son una carta en blanco en un Estado de Derecho, en el que los derechos de los asociados, en especial el derecho al debido proceso administrativo, siempre han obrado como límite al poder del Estado”, indicó el dirigente gremial.
