El Tribunal Superior de Cartagena revocó la acción de tutela que había interpuesto la Refinería de Cartagena (Reficar) para evitar el cobro de $1,3 billones correspondientes al IVA a la importación de combustibles entre 2022 y 2024.
En ese sentido, la Sala Civil-Familia determinó que la decisión en primera instancia que frenaba el cobro (que activaba la posibilidad de un cobro retroactivo, el embargo de cuentas de la filial de Grupo Ecopetrol y hasta un cese de operaciones), no cumplía con los requisitos de procedencia.
Si bien la accionante invoca la posible afectación de su operación y de su estabilidad financiera como consecuencia de las actuaciones de la Dian, el Tribunal detalló que no se acreditó en el expediente elementos objetivos, actuales e inminentes que permitan concluir la configuración de un perjuicio irremediable en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional.
“En principio la acción de tutela no es el mecanismo correcto para controvertir un acto administrativo”, precisó el tribunal.
Con esta decisión, la Dian quedaría habilitada para continuar con el proceso de cobro coactivo, lo que en la práctica podría conducir a la ejecución de embargos sobre activos de la refinería si la compañía no logra revertir la controversia fiscal ante la jurisdicción adecuada.
