La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos) elevó una solicitud formal a la Corte Constitucional para que, si esta decide declarar inexequible la reforma pensional, no ordene la reversión inmediata de sus efectos. El gremio argumenta que una anulación sin periodo de transición podría comprometer la estabilidad del sistema pensional y del mercado financiero.
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La petición quedó consignada en una carta enviada por Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien preside actualmente la Corte Constitucional. Allí, el gremio expuso que unas 110.035 personas cambiaron de régimen hacia Colpensiones en la ventana especial creada por la reforma, mientras 3.643 lo hicieron en sentido contrario.
Aunque los recursos continúan en las cuentas individuales a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —tal como lo ordena el Decreto 514 de 2025—, el diseño original de la ley establecía que esos fondos serían trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, mecanismo hoy suspendido por decisión del alto tribunal.
Los efectos de un traslado inmediato
Asofondos sostiene que, si la reforma cae sin que se definan reglas de transición, las AFP tendrían que transferir cerca de $25 billones a Colpensiones de forma acelerada. Según el gremio, ese movimiento implicaría vender masivamente activos financieros para cumplir con la obligación.
En la comunicación enviada a la Corte, Asofondos expresó: “Una transferencia de $25 billones desde los fondos privados a Colpensiones podría generar un alivio fiscal inmediato, pero a costa de la sostenibilidad futura del sistema pensional y de las finanzas públicas”.
Y añadió: “En el corto plazo, estos recursos reducirían temporalmente el déficit de Colpensiones y, por ende, la transferencia que el Gobierno debe efectuar en 2026, liberando fondos para otros usos presupuestales”.
El gremio planteó que una medida temporal permitiría que el Gobierno expida una regulación clara sobre el procedimiento técnico y jurídico del traslado de recursos, un paso que —asegura— evitaría choques en el mercado de valores y blindaría el ahorro de los trabajadores que hicieron su traslado durante la vigencia de la ley.
