Este 28 de agosto, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, aprobó por unanimidad el Acuerdo de Escazú, el cual busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
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“La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto”, informó la Corte Constitucional.
Según Carlos De Miguel, secretario del acuerdo, el tratado entrará en vigor en el país dentro de tres meses, tiempo estipulado para todos los tratados internacionales. 'Colombia ha estado activamente involucrada en las negociaciones y ha participado en todas las conferencias de las partes desde el inicio'.
Sin embargo, varios senadores como es el caso de María Fernanda Cabal del Centro Democrático demostraron su preocupación por los alcances de este acuerdo de Escazú.
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En ese sentido, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional genera muchas preguntas, por el impacto que podría generar en la autonomía de las comunidades étnicas que ya tienen unos derechos adquiridos, que se validan a través de los procesos de consultas previas.
“Eso va a ser interesante; van a renunciar los indígenas y las comunidades negras a unos derechos adquiridos que gústenos o no ya están ahí, lo que hay es que regularlos porque no se han regulado, sobre ONG activistas de los derechos humanos ambientales. Bueno, los invito a que hagan esos análisis”, manifestó la senadora del Centro Democrático en el cierre del Congreso Nacional de Minería llevado a cabo en la ciudad de Cartagena.
La congresista también expresó que esto se convierte en una carga para el país, y que a Colombia 'le fascina firmar todo para quedar ahorcada'.
