“La justicia ha beneficiado al victimario”: Familiares de los jóvenes asesinados por fiscal en Córdoba
Se cumplieron este lunes dos años del atentado de un fiscal contra dos jóvenes, quienes posteriormente fallecieron.
Al tiempo de considerar “desconcertante” el hecho de que un fiscal haya asesinado a dos jóvenes y siga libre y ejerciendo su cargo, como si se tratara de un “premio”, los familiares de los dos muertos del fiscal Mario Lora Correa advierten que “la justicia ha beneficiado al victimario y no a las víctimas”.
Así reaccionó Óscar Patiño Rodríguez, primo de Camilo Andrés Rodríguez, uno de los dos jóvenes que el 18 de junio de 2016 fue impactado por Lora, quien estaba aparentemente en estado de embriaguez, en una discoteca de la calle 41 de Montería, para supuestamente defender a su hijo menor de edad en una pelea, pese a que la Policía ya había controlado la situación.
“Es desconcertante como un fiscal que asesinó a dos jóvenes con un futuro por delante siga libre y la justicia lo siga beneficiando, a parte de las maniobras dilatorias del proceso que nos atan de manos ante la gravedad de los hechos”, precisó Patiño Rodríguez.
Para Patiño Rodríguez es incómodo que después de dos años las familias de las víctimas no observen un avance satisfactorio en el estancado proceso, que se ha quedado en el aplazamiento dos veces de la audiencia preparatoria del juicio, en manos del Juzgado Penal del Circuito de Lorica. El caso llegó a esa judicatura después que varios jueces y fiscales de Montería y Cereté se declararan impedidos por el grado de amistad con Lora y con su padre, Jairo Lora Villa, ex magistrado del Tribunal Superior de Montería.
La otra víctima del Fiscal fue Harold Suárez Rivas y los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2016 en plena fiesta de la ganadería en Montería.
“Aunque la ciudad esté de fiesta en esta fecha, nuestros corazones siguen de luto, fue un acontecimiento triste que nos ha marcado la vida”, sostuvo Óscar Patiño.
Entre tanto Hermes Suárez, hermano de Harold, hizo un llamado a los funcionarios de la justicia, pero no en el ámbito local, sino a escala del país.
“Desde el comienzo de esta pesadilla hemos insistido ante los administradores de justicia en una medida de aseguramiento para el fiscal Lora. Aquí hay corrupción, manos ajenas involucradas para que el caso no fluya, van dos años y el proceso se ha dilatado con el fracaso de siete audiencias, mientras jueces y fiscales se declararon impedidos”, precisó Suárez.
Criticó que en el caso no se hayan desarrollado las audiencias preparatorias del juicio, mientras el fiscal Lora sigue “supuestamente impartiendo justicia y solicitando medidas de aseguramiento”.
