El Heraldo
Autoridades de Montería durante rueda de prensa. Cortesía
Córdoba

Alerta en Córdoba por nuevo grupo violento

Frente Bajo Sinú se habría aliado con Clan del Golfo para enfrentar a Los Caparros.

En Córdoba las autoridades emprendieron las estrategias que permitan hacerle frente a la alerta temprana 005 del año 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte sobre los planes expansionistas de los grupos armados ilegales, que al parecer, estarían preparándose para llevar su cruenta guerra hasta las poblaciones periféricas de Montería.

Ante el temeroso panorama, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, se reunió en las primeras horas de este lunes 3 de febrero con los alcaldes de los municipios de San Carlos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, y Montería, para presentar un balance de la situación pública y las principales acciones de seguridad puestas en marcha.

El consejo de Seguridad Departamental fue liderado por el gobernador de Córdoba Orlando Benítez, en compañía del secretario del Interior y Participación Ciudadana, Camilo Berrocal, junto con el Ejército Nacional, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los alcaldes de Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y San Carlos.

Al concluir la reunión, el secretario del Interior y Participación Ciudadana, Camilo Berrocal, dio a conocer las conclusiones entre las que se estableció la construcción de un plan de acción interinstitucional, que permita atender las recomendaciones establecidas en la Alerta Temprana 005 del 2020.

“Se dispuso de un despliegue institucional en los municipios antes mencionados. (…) De igual manera, se aumentará el pie de fuerza, manteniendo la presencia de unidades de Policía y Ejército, que ya venían desarrollando actividades de prevención, disuasión y control, con el propósito de ganar la confianza de la ciudadanía, pero sobre todo de contrarrestar el accionar delincuencial”, indicó el Secretario Departamental del Interior y Participación Ciudadana.

Las autoridades también ofrecieron una recompensa a quien suministre información que permita identificar, capturar y judicializar a las personas que se encuentran referenciadas en el ‘Cartel de los Más Buscados’ en el departamento de Córdoba, especialmente de Jorge Iván Cuello Villadiego, alias ‘Mano de trinche’ y Edwin Orozco Donado, presuntos miembros de estos grupos al margen de la ley

“Invitamos a denunciar oportunamente a través de las líneas 123 y 3209898168. Se garantiza absoluta reserva”, puntualizó Berrocal.

La advertencia de la Defensoría del Pueblo

Algunos apartes del documento emitido por la Defensoría del Pueblo indican que “el escenario de riesgo al que se encuentra expuesta la población civil de los municipios de Planeta Rica, Montería, San Carlos, y Pueblo Nuevo, se configura a partir de la ejecución de actos de violencia extrema y del empleo de métodos para generar terror por parte de los grupos al margen de la ley como frentes Rubén Darío Ávila, Juan de Dios Úsuga”.

En esta reciente alerta, la Defensoría denuncia el surgimiento de un nuevo grupo denominado como ‘frente Bajo Sinú’, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, grupo con el ‘Clan del Golfo’, con el que este grupo estaría tratando de frenar las acciones expansionistas del Bloque Virgilio Peralta Arenas, de ‘los Caparros’, quienes vendrían desde el sur de Córdoba, tras haber ingresado por los límites con el Bajo Cauca antioqueño.

El organismo sostiene que “la génesis de estas hostilidades datan del mes de octubre del 2019 cuando los miembros de ‘los Caparros’, a través de operaciones discretas, empezaron a realizar acciones con el  fin de reclutar antiguos integrantes de las desmovilizadas AUC y supuestos miembros activos de la AGC, a quienes se les hizo una oferta de dinero para que se vincularan a las nuevas filas”.

Para la Defensoría del Pueblo el plan fue dado a conocer entre los jefes rivales, por lo que se desataron homicidios entre integrantes de diferentes bandos, generando daños colaterales a las poblaciones donde hacen presencia estos grupos; como ha ocurrido en los últimos meses en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta, donde se ha dejado una estela de muertos y filas campesinos e indígenas desplazados.

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