Los procesados por la masacre de Chimá, Córdoba, Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, no aceptaron los nuevos cargos que por el delito de abigeato agravado por la confianza le imputó la Fiscalía General de la Nación.
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La audiencia de imputación de cargos en este nuevo proceso penal en contra de los antes mencionados se produjo en la mañana de este jueves 12 de junio ante el Juez Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga de Oro con funciones de control de garantías.
De acuerdo con el relato del Fiscal 21 Seccional de Montería, Cristian Mauricio Petro Almanza aprovechó la confianza depositada por el ganadero y empresario Esteban Rafael Urueta González para disponer, sin su autorización, de las 700 reses que este le había dado a administrar. Era un negocio del que toda la familia del asesinado empresario y ganadero tenían conocimiento y también habían depositado igual confianza en Petro Almanza.
La relación de amistad que alcanzó un alto nivel de confianza entre Esteban Urueta y Cristian Petro se inició, dijo el fiscal, en una cabalgata debido a la afinidad que los dos tenían por los caballos.
Sin embargo, esa confianza se estaba viendo empañada desde finales de 2023 y principios de 2024 por informaciones que tenía Esteban Urueta sobre los presuntos malos manejos que Cristian le estaba dando a su negocio de compra y venta de reses.
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Había quejas de que no le estaba pagando a los camiones que transportaban los animales y tampoco a los propietarios de los predios donde estaban las reses y menos a los que les proveían el pasto para estas. Ante estos hechos, Urueta González le solicitó a Petro Almanza realizar un conteo en terreno, a lo que este accedió el 10 de septiembre de 2024 y terminó ocurriendo la masacre en la que además de Esteban Urueta perdieron la vida sus también amigos y empleados Fredy Beleño y Gerardo Marzola.
Sobre la participación de Juan Fernando Soto Garcés en estos hechos que fueron denunciados por la esposa y madre de los dos hijos de Esteban Urueta, la Fiscalía reveló que era el encargado de negociar las reses que tenía el hierro del ahora asesinado ganadero. Lo habría hecho en tres ocasiones.
La Fiscalía estimó el monto de las pérdidas económicas de las reses en más de 900 millones de pesos. Para este negocio de compra y venta de reses la madre de Esteban le habría entregado a él la suma de 350 millones de pesos, razón por la que ella también está acreditada como víctima en este nuevo proceso judicial que tiene que ver con la afectación al patrimonio económico y consagra además de pena privativa de la libertad el pago de multa.
Al decir de la Fiscalía, los procesados, de ser hallados responsables, afrontarían una pena privativa de la libertad de hasta 16 años.
Oposición
El reconocido abogado penalista Lesmer Quintero Argel, que defiende a los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, anunció desde ya en medio de la audiencia, que la imputación podría ser decretada ilegítima o ilegal en tanto que el delito de abigeato agravado que ahora le han imputado a sus prohijados fue el mismo que la Fiscalía utilizó como móvil en la acusación del proceso que les adelantan por la muerte de los tres ciudadanos, es decir, a su juicio, los estarían procesando dos veces por el mismo punible.
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Sobre esta constancia del abogado Quintero no hubo, de momento, ningún pronunciamiento.
La audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés fue fijada para el miércoles 18 de junio desde las 9:00 de la mañana ante el juez Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga de Oro.
