Fausto Alberto Zapa Velásquez y su familia no solo han tenido que lidiar en los últimos 10 años con el dolor por el asesinato de su hijo Jairo Zapa Pérez, que era el jefe de la oficina de regalías del departamento de Córdoba, sino que ahora prevalece la impunidad ante el sonado caso.
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En entrevista en esta mañana del martes 9 de abril con EL HERALDO el adolorido padre denunció que en 20 días, es decir, el próximo 29, el caso prescribe porque se cumplen 10 años de la imputación de cargos contra uno de los señalados partícipes en el crimen.
Para que no se produzca esa prescripción el Tribunal Superior de Montería debe pronunciarse antes del 29 de abril sobre una apelación en la que llevan 5 meses y que está a cargo del conjuez Rafael Calixto Mendivil.
Este administrador judicial debe resolver la apelación a la sentencia que condenó a dos de los señalados responsables del crimen de Jairo Zapa Pérez, que dicho sea de paso era uno de los testigos de la corrupción en la gobernación del entonces mandatario Alejandro Lyons.
Se trata de los procesados Jesús Eugenio Henao y Zuan Naydu López Acevedo que fueron condenados a las penas de 42 y 40 años, respectivamente, en noviembre del año 2023 por el Juzgado Especializado de Montería.
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Es de anotar que Zapa desapareció y su cadáver fue hallado 6 meses después enterrado a pocos metros de una finca que es de propiedad del padre del exgobernador Lyons.
Zapa Velásquez pide al Tribunal, pero en especial al conjuez, que haga el trabajo que le corresponde, que cumpla con su deber y 'no permita que el 29 de este mes prescriba el caso de la muerte de mi hijo. Desde hace 5 meses el abogado del asesino de mi hijo presentó una apelación y no la han resuelto. Ese conjuez está mamando gallo y no resuelve el caso en ese Tribunal que se ha caracterizado por sus demoras hasta por más de un año, por dilatar las cosas. Estamos preocupados y les pido celeridad', dijo Fausto Zapa Velásquez, quien no descarta que existan algunos intereses que tengan paralizados este caso de mi hijo.
Juan Felipe Amaya, el abogado de la familia Zapa, le dijo a un medio radial nacional que están preocupados por esa situación, pero 'confiamos en la administración de justicia en el Tribunal Superior de Montería y que no permita una circunstancia de esta naturaleza que, sin duda alguna, sería una verdadera bofetada para los derechos de las víctimas'.
