La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, informó que ocupó 36 bienes que pertenecen a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción, en el que se desviaron $7.407 millones de pesos que eran para la atención de la primera infancia en Córdoba.
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Según el reporte entregado, se trata de 29 inmuebles rurales; tres urbanos y cuatro vehículos ubicados en Montería y Cereté.
Este martes 23 de mayo, la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Donado Sierra, informó que el avalúo preliminar de estos activos supera los $5.400 millones de pesos.
'Las propiedades aparecen a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes estuvieron vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para asistir a niños y niñas menores de cinco años, y cuyo valor ascendió a $7.407 millones de pesos', dijo.
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La funcionaria del ente acusador agregó que 'en desarrollo del proceso penal la Fiscalía estableció que los encargados de ejecutar el citado contrato se habrían apropiado de $2.705 millones de pesos. Por estos hechos, los señalados involucrados en los actos de corrupción fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.'.
Se supo que los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración.
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