En una visita en el departamento de Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, denunció las falencias en el suministro de agua potable para los municipios de Lorica, Purísima, Momil, Chimá, San Antero, Tuchín y San Andrés de Sotavento, en la subregión del Bajo Sinú.
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En su intervención, Camargo aseguró que las fallas en el suministro vulneran los derechos de las comunidades y afectan la actividad turística, de la que dependen sus ingresos económicos muchas familias en esta época del año.
'Exigimos a la empresa Aqualia Latinoamérica que les cumpla con el suministro de agua a los habitantes de estos municipios de Córdoba. El acceso al agua es un derecho fundamental, se debe garantizar la cantidad mínima, de buena calidad y suficiente para la vida, la salud, la alimentación o la higiene personal y eso no se está haciendo en estos municipios, en donde la gente tiene sed', dijo.
Agregó que 'el acceso al agua es una condición previa fundamental para el goce de otros derechos humanos como la salud, la educación, la vivienda, la vida, el goce de un ambiente sano, el trabajo y la protección contra tratos inhumanos o degradantes. El no suministro, como sucede en estas 7 poblaciones, es una clara violación de los derechos de las comunidades y afecta además otros aspectos como la actividad turística, de la que dependen sus ingresos económicos muchas familias'.
Debido a la falta de agua la comunidad ha protagonizado recientes protestas para exigir una solución definitiva a la problemática.
{"titulo":"Piden explicación a la Ungrd por no priorizar a damnificados de Córdoba","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-piden-explicacion-la-ungrd-por-no-priorizar-damnificados-968275"}
'Venimos a escuchar a la gente cerca de sus casas, en sus barrios, porque entendemos sus quejas, lo que sufren a diario por la falta de agua y su impaciencia porque es una situación que también se presentó hace un año, lo cual está evidenciando la falta de planes de contingencia adecuados por parte del operador Aqualia. Y aún más grave es que esto sucede durante la época de sequía o menos lluvias que azota la región, en diciembre, enero y febrero', explicó el Defensor del Pueblo.
También informó que se espera la respuesta de la empresa Aqualia Latinoamérica para que explique ¿qué medidas efectivas se han adoptado para garantizar el derecho humano al agua en las comunidades de los municipios afectados por la suspensión del servicio de acueducto?.
'Asimismo se le pidió que envíe ‘el Plan de Contingencia’ frente a un posible desabastecimiento de agua durante el tiempo en que se llevarán a cabo las correspondientes reparaciones’ a las fallas en los equipos electromecánicos encargados de impulsar el agua desde el río Sinú hasta la planta potabilizadora del sistema de acueducto interconectado Lorica/Regional. El contenido del derecho al agua y de las obligaciones del Estado en su realización, son fijadas no solo por lo dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional sino, también, por las normas establecidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Y para la garantía efectiva del derecho es necesario que haya disponibilidad, cantidad suficiente, calidad de agua, accesibilidad física y accesibilidad económica. En eso trabajamos, para que todo eso se cumpla y sea una constante en el departamento', puntualizó el Defensor del Pueblo.
