El Heraldo
Colombia

Una “excarcelación humanitaria” para prevenir el coronavirus

Colegio de Abogados Penalistas propone libertades de detenidos ante el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria decretado por el Inpec. 

El director nacional del Instituto Nacional  Penitenciario y Carcelario, Inpec, general Norberto Mujica Jaime, decretó a través de la resolución 00114 del 22 de marzo pasado, el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los establecimientos de reclusión del país a cargo del Inpec.

La medida fue adoptada por el al alto oficio luego de que el pasado sábado se registraran algunos amotinamientos en diferentes establecimientos carcelarios del país, a raíz de las medidas adoptadas para el control del coronavirus entre la población privada de la libertad

De acuerdo con la resolución, el país y el sistema carcelario en este momento afrontan la coyuntura de afectación global de la pandemia, “situación que no solo desborda las capacidades del mismo Estado, sino que además tiene un potencial determinante de afectación a ciertos grupos vulnerables de la población, dentro de los cuales se encuentran los privados de la libertad, así como los funcionarios penitenciarios y auxiliares bachilleres que prestan su servicio en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a cargos del Inpec”.

Para el General Norberto Mujica Jaime, la declaratoria de la emergencia carcelaria va a permitir agilizar todos los actos administrativos, y poder hacer traslados presupuestales para contratar de manera más ágil todas las necesidades que se tienen, con el objetivo de garantizar la salud y la vida de los privados de la libertad, ante el coronavirus.

“Pero al mismo tiempo nos va a permitir tomar algunas medidas de cara a la situación de orden público que se viene presentando. Realmente  lo que queremos es garantizarle a todo el pueblo colombiano que las cárceles de Colombia se van a seguir administrando y se van a seguir generando con toda tranquilidad”, indicó el oficial, quien afirmó al mismo tiempo que no hay ningún recluso contagiado del virus.

Libertades a detenidos, una solución

Ante la emergencia que vive el país por la presencia del coronavirus, y luego de los amotinamientos registrados en varias cárceles del país que dejaron 28 reclusos muertos, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se mostró preocupado por la situación de hacinamiento que podría agravar la crisis sanitaria que se vive actualmente.

En concepto del abogado y docente, Óscar Sierra Fajardo, secretario general Colegio de Abogados Penalistas, la actual crisis producto de la pandemia “nos ha puesto los ojos en una realidad con la que convivimos hace mucho más tiempo: las condiciones de hacinamiento carcelario”, que según el jurista, han causado que en tres ocasiones la Corte Constitucional decretara un estado de cosas inconstitucional al interior de las cárceles del país.

“Y pese a esos recurrentes llamados en los años 1998, 2013 y 2015, no se ha contribuido a solucionar la situación, más si se ha empeorado, por ahora resulta urgente evitar que los condenados o procesados más vulnerables a este virus continúen recluidos, para evitar una tragedia con esas vidas humanas”, indicó el profesional del Derecho.

En igual sentido se pronunció el presidente de la agremiación, Francisco Bernate Ochoa, quien consideró que se hace importante y necesario que en medio de la crisis y la  pandemia que existen en la actualidad, se abran los espacios para que personas que estén privadas de su libertad, ya sean detenidas o condenadas, puedan estar en sus casas, salvaguardándose asimismo y a los demás reclusos, atendiendo la crisis humanitaria y el hacinamiento que existe en las cárceles.

“Consideramos que aquellas personas que no hayan cometido delitos de extrema gravedad, que hayan observado buen comportamiento en prisión, y por sobretodo, que no tengan antecedentes penales, deben estar en sus casas, detenidos o condenados, cuando menos en los casos de las personas mayores de 60 años, aquellas que hayan cumplido las dos terceras partes de la condena, al igual que aquellos padres o madres cabeza de hogar y las madres gestantes que estén en prisión”, dijo el abogado penalista.

El jurista agregó que no solo se hace necesario determinar esas medidas de manera urgente para que pueda salir la población carcelaria, sino que se requiere, cuando menos, la creación, así sea temporal, transitoria o permanente, de 50 Juzgados que puedan atender la “avalancha de solicitudes que vendrán por cuenta de estas disipaciones”.

“Si se van a atender estas solicitudes con la planta de personal y las condiciones actuales, no se va a lograr absolutamente nada. Es muy importante que para que se establezcan estas solicitudes tendrán que tramitarse por escrito o en audiencia, pero en cualquier caso, utilizando los medios electrónicos, porque no podemos terminar agravando una crisis que ya es insostenible”, enfatizó el abogado Francisco Bernate Ochoa.

Finalmente, el también abogado penalista, Iván Cancino, manifestó que se necesita hacer la excarcelación de las personas para evitar una crisis mayor a la que ya existe con el hacinamiento carcelario.

Afirmó el jurista que desde el Colegio de Abogados han realizado varias propuestas para que las personas privadas de la libertad, mayores de 60 años, puedan ser cobijadas con detención domiciliaria, y las que llevan las tres quintas partes de la pena cumplida, solo con el requisito objetivo puedan salir libres, al igual que las madres gestantes o con hijos menor de tres años que estén detenidas.

“Las personas que padezcan cáncer, VIH, alguna insuficiencia renal, hipertensos, hepatitis, diabetes con insulina dependencia, trastorno pulmonar, o enfermedades que sean de difícil cura en caso de la epidemia, también tiene que irse a domiciliaria, y si han cumplido las tres quintas partes también deben salir”.

El abogado penalista indicó que esperan que ello sirva para corto plazo, a fin de evitar una pandemia y muertes en las cárceles, tanto de reclusos como personal del Inpec.

“Y a largo plazo para ayudar a entender que la cárcel debe ser el último recurso, y solo para personas condenadas, y como medida provisional para el mínimo de personas posibles”, manifestó e abogado penalista, Iván Cancino.

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