El Heraldo
Francisco Santos, ex embajador de Colombia en Estados Unidos. Archivo
Colombia

Pacho Santos llamó a Abudinen para interceder por empresa de EE. UU.

Guido Nule negó su participación en el contrato. Emcali denuncia otro caso de papeles falsos. ¿Pagos millonarios en el Congreso?

El ex embajador en Estados Unidos, Francisco ‘Pacho’ Santos, admitió este martes que llamó a la ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, para interceder por una empresa estadounidense en el lío de Centros Poblados.

“Tuve muchísimas llamadas con la ministra. Entre otras, porque parte del papel de un embajador es resolverles los problemas a las empresas americanas. A esta empresa yo la conocí, Hughes Corporation, que no son unos pintados en la pared. Son los grandes jugadores. Los conocí en el año 96. Les conté, entraron a licitar, ya estaban en Colombia. Los sacaron de la licitación por una pendejada”, dijo el exdiplomático a la emisora ‘Blu Radio’.

Agregó que no tiene evidencias para afirmar que sacaron a esta firma para favorecer a Centros Poblados, pero manifestó: “Me suena, me suena”.

Santos, al explicar el sentido de la llamada, señaló: “No fue para que le cedieran el contrato. Era para que los tuvieran en cuenta para lo que iba a pasar después. (…) Los embajadores hacen ese trabajo siempre: que a las empresas americanas no las saquen por motivos a, b, c o d. Que sean motivos que en verdad tengan peso y que les permitan competir”.

Guido Nule niega todo

Guido Nule, condenado por el ‘carrusel de la contratación’, quien fuera mencionado el pasado lunes como una de las personas que habría estado detrás de la estructuración del proyecto de Centros Poblados, aseguró este martes en un comunicado que se trata de información falsa.

“No tengo contacto alguno con ninguna persona involucrada directa o indirectamente en esos hechos”, afirmó el polémico empresario, y añadió en este sentido Nule: “No me he reunido con absolutamente nadie ni he prestado mi colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno”.

Y concluye que en el proceso por la corruptela de hace algunos años en Bogotá “he venido cumpliendo mi condena, he colaborado eficaz y lealmente con la justicia, así como he entregado voluntariamente mis bienes a la Fiscalía para que los mismos hagan parte de la masa de activos para reparar a las víctimas”. 

Denuncia de Emcali

Luego de que el Banco Itaú notificara el pasado lunes a Emcali que las certificaciones bancarias presentadas por el contratista Proctor Construcciones eran al parecer falsas, el abogado de las Empresas Municipales de Cali, Hernando Morales, anunció que interpondrá una denuncia penal.

Proctor hace parte del Consorcio Clasificación Puerto Mallarino, que tiene un contrato con Emcali por $3.800 millones y del Consorcio Renovación Puerto Mallarino, con otro por $2.412 millones.

“Este martes presentaremos la respectiva denuncia ante la Fiscalía, con la certificación que nos entrega Itaú, que ellos no expidieron esos documentos. Obviamente hay dos presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. (...) También estamos citando al contratista para tomar las decisiones a que haya lugar ya teniendo la prueba que nos entrega Itaú. Y al terminar la reunión tomaremos las acciones legales para solicitarle al juez la suspensión de los contratos”, dijo el apoderado.

Un testigo en el proceso de Centros Poblados reveló esta presunta anomalía en Emcali y por ello se suspendieron desde el pasado viernes los pagos a este contratista, inmerso en consorcios que, además, serían representados por Herles Ariza, aparente socio de Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' y capturado la semana pasada junto con Luis Fernando Duque -representante legal de Centros Poblados- y Juan Laverde -directivo de Rave Seguros- por el escándalo del contrato con Mintic.

$16 mil millones

La representante verde Katherine Miranda, quien fuera una de las citantes del debate de moción de censura de hace unas semanas contra Abudinen, aseguró que funcionarios de esa cartera y congresistas habrían recibido $16 mil millones en medio de este escándalo.

Según la parlamentaria, al menos cinco congresistas liberales y de Cambio Radical tenían la tarea de evitar que el contrato caducara.

La función de estos legisladores, de acuerdo a lo que le dijo Miranda al noticiero televisivo ‘Noticias Caracol’ era “primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y, segundo, en la votación de la moción de censura, para que muchos se retiraran y así no prosperara la misma”.

Y afirmó que Juan Carlos Cáceres -fundador de Funtics, ahora Novotic, y testigo de la Fiscalía- reveló que todo el dinero iba por mitad con Tapia, y que solo $5.300 millones, de los $70 mil millones del anticipo, fueron invertidos en el contrato.

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