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Colprensa
Colombia

Organizaciones de DDHH piden al gobierno proteger a los líderes sociales

También piden adoptar de manera inmediata las medidas de protección apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicitó a las autoridades de manera “urgente” su intervención en las amenazas que ha recibido Héctor Sánchez Gómez, quien funge como representante legal de la Asociación Comité Ambiental Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán (Meta), además es  representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales de dicho municipio y es integrante afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO).

Lo que alertó al observatorio fueron la serie de amenazas de muerte que ha recibido dicho líder social en el departamento del Meta, donde adelanta labores de liderazgo. Por lo que el llamado es a que “se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley”.

De acuerdo con el reporte del observatorio, una de las amenazas las habría recibido el líder social el pasado 3 de junio,  en la cual “un hombre le amenazó de muerte en los siguientes términos: “señor Hector Sánchez somos del bloque Meta y le damos 24 horas para que desocupe la vereda Rubiales, si no le matamos toda su familia, ¿escuchó señor Héctor Sánchez?”, antes de colgar”.

Según indicaron, esta llamada ocurrió una vez Sánchez Gómez estuvo en el resguardo indígena Alto Unuma, donde acompañaba una minga, por la reclamación presentada por el resguardo por incumplimiento de actas de la empresa Nabors, empresa que hace operaciones de taladro y es contratista de la empresa petrolera Ecopetrol.

Igualmente, se conoció que el líder habría denunciado daños ambientales causados por esta empresa ante el Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Una vez realizó esta denuncia, al otro día a las 12:00 del día, indica el reporte, volvió a recibir una llamada del mismo número, donde le dijeron “¿Marcos?, yo le contesté no señor, dijeron nuevamente ¿Héctor? Yo respondí sí señor, nuevamente el bloque Meta, ya sabe que tiene 24 horas para irse de la vereda Rubiales y si no quienes van a apagar las consecuencias son su familia, es el segundo llamado de atención por lo que está pasando”, antes de colgar”.

Pese a que Sánchez Gómez cuenta con un esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección desde julio de 2016, éste ha sido objeto de numerosos ataques, amenazas, agresiones físicas, detención arbitraria por su trabajo de defensa de derechos humanos y derechos ambientales en el contexto de la explotación minera en la región de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

“Por todo lo anterior, el Observatorio condena las amenazas de muerte que en el contexto colombiano deben ser consideradas como serias y creíbles, y urge a las autoridades colombianas a tomar medidas eficaces para inmediatamente garantizar la seguridad, la integridad física y psicológica del Sr. Sánchez y su familia, así como para hacer frente al fenómeno de la permanencia de estructuras paramilitares en el país”, dijo el observatorio.

Igualmente, la organización solicita al Gobierno adoptar de manera inmediata las medidas de protección apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica del líder social y la de su familia, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Por otro lado, señalaron que es importante “reconocer públicamente la persistencia de estructuras paramilitares en Colombia e implementar una política decidida de lucha contra su expansión y fortalecimiento, incluyendo la implementación efectiva de las medidas incluidas a tal efecto en el Acuerdo de Paz”.

Por último, pidieron garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

 

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