Los nuevos retos de la justicia transicional durante la pandemia
La Comisión de la Verdad avanza en la codificación de las entrevistas. La unidad de búsqueda de desaparecidos continúa recibiendo solicitudes. La JEP está tomando decisiones de manera virtual.
El nuevo coronavirus ha logrado que la mayoría de actividades en el país se paralicen debido a los riesgos de contagio. Pero para instituciones como las que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición detenerse se convertiría en una gran problemática para la resolución del conflicto armado en Colombia.
Este sistema integral, creado tras la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno, tiene un carácter transicional y está conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Las tres entidades tienen una carrera contrarreloj, por lo que detenerse durante la pandemia podría afectar el mandato con el que deben cumplir.
¿Cómo avanza la verdad?
La Comisión para la Verdad es el ente con menos tiempo para entregar resultados. A partir de noviembre de 2018 se empezaron a contar los tres años que tienen para entregar el informe final. Así las cosas, solo le queda un año y medio para cumplir su tarea.
La comisionada Alejandra Miller indicó que las acciones de la Comisión se sustentan en dos ‘rieles’: el del conocimiento, esclarecimiento e investigación y en el del diálogo social.
Del primero, señaló que ha sido más fácil continuar porque han podido avanzar en el procesamiento de la información de las cerca de 11 mil entrevistas que han realizado en todo el territorio nacional.
“Esa parte del esclarecimiento ha sido más fácil de adaptar, tenemos un sistema de información misional con 8.200 testimonios individuales. Tenemos ese volumen de información y apenas estamos en ese procesamiento de la información, transcripción y codificación. Todo este tema es de lo que más se ha avanzado en esta época de cuarentena”, indicó la comisionada.
Además, adelantó que la Comisión de la Verdad seguirá realizando entrevistas a víctimas y a responsables de manera virtual, tras el fortalecimiento de la protección y seguridad de sus plataformas virtuales.
En cuanto a las tareas que ahora estarán en pausa, Miller especificó que las de diálogo social son las más afectadas por la pandemia, puesto que para la realización de encuentros masivos de verdad y de reconocimiento se congregan de 800 a 1.000 personas.
“Es una preocupación general, tenemos un término muy corto, tenemos que entregar el informe final en noviembre de 2021. Esto (el aislamiento) es un freno a las acciones que traíamos, veníamos corriendo, esto desacelera un poco el trabajo de la comisión, nos pone en un ritmo distinto que nos obligará a focalizar más nuestro propósito para cumplir”, manifestó la comisionada en un video publicado en la página de la entidad.
No obstante, durante el año y medio que la Comisión lleva funcionando, la entidad ha avanzado en la escucha con 10.755 personas entrevistadas. De las cuales, 5.243 han sido víctimas y familiares de estas mismas y 89 han sido actores armados, entre otros grupos poblacionales.
“Hasta marzo se instalaron 28 casas de la verdad en los territorios. Cerca de 17 mil víctimas están participando directamente, la mayoría por testimonios individuales, y los indígenas y poblaciones negras han participado en comunidades”, detalló el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad durante la rendición de cuentas.
De las 10.755 personas que han sido escuchadas, 1.138 fueron de la macroregión Caribe e Insular.
Arturo Zea, coordinador para la Región Caribe, destacó 3 jornadas de visitas a los espacios territoriales de las Farc en Tierragrata (Cesar) y Pondores (La Guajira).
“Escuchamos a comandantes de las Farc de distintos frentes de los últimos 30 y 40 años, en especial de la zona de los Montes de María, quienes nos hablaron del secuestro, de la relación económica con las drogas, sus relaciones con grupos políticos y actividades proselitistas”, detalló Zea.
Para víctimas y aportantes de información 3770607 (Bogotá) / celular 316-2783918. Para solicitud de búsqueda y otros servicios en la sede Barranquilla 316 280-0157
Búsqueda desde el confinamiento
Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD) aseguró que los procesos de localización no se han detenido. Desde el inicio de la cuarentena, el pasado 17 de marzo, hasta el 13 de abril la UPBD ha recibido 190 solicitudes de búsqueda.
De las anteriores, 21 solicitudes han sido presenciales a través de la ventanilla de correspondencia, 128 a través del canal telefónico y 41 a través de canales virtuales como correo y redes sociales.
De estas solicitudes de búsqueda, en la Costa, 15 están en manos del equipo de la UPBD en Barranquilla, 4 en Montería y 6 en Sincelejo. Así mismo, durante el periodo de confinamiento han recibido un contacto como posible aportante de información a uno de los procesos de búsqueda de desaparecidos.
Durante el tiempo de la cuarentena, la UPBD tiene suspendido el trabajo en el territorio debido a las medidas de contención y prevención de la COVID -19. Sin embargo, indicaron que han fortalecido el trabajo de recolección, análisis y contraste de la información disponible.
“Para que la Unidad de Búsqueda llegue a un punto de encuentro en el territorio se requiere de un proceso investigativo riguroso. La UPBD busca a los desaparecidos con información previa”, explicó la misma entidad.
La Unidad de Búsqueda tiene un periodo de funcionamiento de 20 años que pueden ser prorrogables y desde que entró a operar, en 2018, han recibido 5.389 solicitudes de búsqueda de desaparecidos y cumple sus funciones con 17 equipos territoriales y 6 satelitales con cobertura sobre 864 municipios en todo el país.
De hecho, en Barranquilla funciona una de las sedes de la UPBD que busca a los 5.486 desaparecidos, según el Centro de Memoria Histórico, que el conflicto armado dejó en el Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El trabajo de la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es quizás la entidad de este sistema integral que más ventajas tiene para seguir funcionando a pesar de la COVID-19.
Además, cuenta con un periodo de vigencia de 15 años a partir de marzo de 2018 cuando se instaló el tribunal de paz.
Entre las últimas actividades de la JEP, la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad tomó 3 decisiones relacionadas con las medidas cautelares. Entre estas, el magistrado Alejandro Ramelli refirió la decisión de negar la solicitud de la Unidad de Víctimas de nulidad de todo lo realizado en Dabeiba, la Comuna 13 de Medellín e Hidroituango.
Así mismo, la JEP suscribió un nuevo convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para garantizar la asesoría jurídica y defensa de comparecientes ante al tribunal de paz que no tienen cómo pagar los servicios de un abogado.
En total, desde el inicio de su mandato a la fecha han tomado 11.352 decisiones judiciales, con un promedio de 15,5 decisiones por día.
Sobre el funcionamiento de la JEP durante la cuarentena, el tribunal de justicia transicional prorrogó hasta el 27 de abril la suspensión de audiencias y términos judiciales. Sin embargo, las Salas y el Tribunal podrán proferir algunas decisiones judiciales.
Así las cosas, según el Acuerdo 014 del Órgano de Gobierno de la JEP, la Jurisdicción Especial para la paz seguirá recibiendo informes de los 7 casos que estudia, seguirá acreditando víctimas dentro de estos casos, realizará diligencias de manera virtual, avanzará en procesos de estudios de sometimientos de aquellos casos de expediente judicial, resolverá solicitudes de habeas corpus y de libertades transitorias y condicionadas.
“Seguiremos operando con ese Acuerdo (014), si se llegara a producir una extensión del aislamiento, se analizara las condiciones y se tomarán las medidas pertinentes para garantizarle al país, a la comunidad internacional, pero principalmente, a las victimas el derecho que tienen a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, aseguró la presidente de la JEP, Patricia Linares.
