Los desafíos políticos y sociales de un año preelectoral.
Politólogos, juristas, analistas de seguridad y expertos en derecho discuten en EL HERALDO sobre lo que viene para el año entrante en materia política.
Politólogos, juristas, analistas de seguridad y expertos en derecho discuten en EL HERALDO sobre lo que viene para el año entrante en materia política.
El sociólogo Jorge Bolívar Berdugo señala que “la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo y se han adaptado a las necesidades prioritarias, se han caído los ingresos, ha crecido el desempleo, llegó la virtualidad, y ante estos desafíos se requieren acciones y respuestas en forma de políticas públicas”.
El investigador de la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla, enumera algunos de los retos para el 2021: “El reto de la desigualdad, porque en la pandemia se ha ampliado la brecha económica, la distancia social, la marginalidad digital; y el reto de la educación, ya que los jóvenes de los sectores económicamente deprimidos escasamente pueden llegar al cuarto de bachillerato y con la educación digital esta brecha aumentará. No basta que los jóvenes de los estratos uno y dos se matriculen, ni que la educación sea gratuita: es indispensable que se les provea de las herramientas tecnológicas para ello”.
Y concluye el magíster en estudios económicos y políticos que “la gobernabilidad es la fuerza que le da al gobernante razones para lograr los propósitos planteados en su proyecto político”.
Para el jurista Óscar Sierra Fajardo, en materia de justicia, “el 2021 nos traerá alguna decisión frente al proceso más importante en los últimos tiempos: la Fiscalía deberá decidir en el caso Uribe si acusa o precluye”.
Agrega el magíster en derecho penal que, de otra parte, “la JEP también tiene un reto importante: su nivel de resultados es muy desolador y tiene un aparato burocrático enorme, ojalá muestre algún compromiso con las víctimas y por fin se conozca una sentencia después de tanto tiempo”.
En la consideración del politólogo Carlos Arias, “el reto político que tiene el presidente Duque es por fin generar un legado y una impronta propia de su Gobierno”.
Advierte el docente de posgrados del Externado y la Universidad del Norte que, en la actualidad, ya sea por inoperancia, falta de experiencia o por una pandemia para la que ningún líder político estaba preparado para afrontar, este es un Gobierno en términos políticos anodino, sin norte, sin rumbo y sin un legado como en el que un momento tuvieron Uribe con la seguridad y Santos con la paz”.
Para el consultor internacional de seguridad, John Marulanda, frente a la situación de Venezuela hay un pendiente: “Es necesario que el Gobierno dote a las FF. MM. y al país de elementos antiaéreos disuasivos frente a una amenaza latente que tiene misiles, los mejores aviones de combate y de ataque como son los Sukhoi y helicópteros de ataque; cosa que nosotros no tenemos”.
Indica el magíster en estudios políticos en este sentido que “aunque esto también requiere recursos y no estamos en la mejor época, es una necesidad de seguridad estratégica que el país tiene y que es urgente”.
El constitucionalista Eduardo Palencia Ramos opina que “el compromiso dirigente en la consolidación del proceso de paz es definitivo: tratar de respaldar y proteger a aquellas voces disidentes, porque este año fue muy triste y violento, hubo demasiados homicidios contra líderes sociales y contra todo aquel que apostó por un proceso de paz”.
En este sentido, dice el magíster en ciencias políticas que “es necesario que a nivel geopolítico nos afiancemos como un Estado que está garantizando un proceso de paz que no significa favorecer a las guerrillas, sino profundizar en aquellas zonas que fueron vulneradas por el conflicto”.
Y concluye el investigador de la Simón Bolívar que “en cuanto a la JEP, que es quizá una de las entidades más presionadas, debe seguir tras el conocimiento de la verdad. La JEP es una necesidad en todo estado de transición, y en ningún proceso se puede dar un juzgamiento antes de conocerse la verdad y antes de la reparación a las víctimas”.
El penalista Óscar Sierra pone de presente que, en el plano de la justicia, “se deberán tomar determinaciones en cuanto al nuevo modelo de justicia virtual, pues una vez superada la pandemia las bondades de la virtualidad en la justicia se deben conservar no solo por salud, sino por practicidad con los ciudadanos”.
Señala además que “el fiscal Barbosa aún tiene muchas deudas en materia de resultados con la ciudadanía y en especial con la descongestión”.
Y llama la atención sobre los funcionarios que llegan: “Inicia una etapa con nueva procuradora, que seguramente traerá muchos cambios y se posesionan nuevos magistrados con nuevos retos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
El politólogo Carlos Arias cree que los retos en materia política “están centrados en que el Gobierno pueda cristalizar todo el poder adquirido en 2020. Eso significa que en consideración a que todos los entes de control hoy son amigos o parte de las alianzas que hizo el Ejecutivo con diferentes casas políticas, pueda mover la agenda en relación a la recuperación económica de una pandemia que aún insiste en sus picos de contagio más altos. Eso, en términos tangibles, significa que el presidente Duque pueda llevar los recursos que se han generado en la pandemia a las víctimas de la misma y a aquellas personas que siendo de medianas y pequeñas empresas lo han perdido todo”.
El coronel (r) John Marulanda considera que “es necesario fortalecer la credibilidad en la Policía y dotarla de mayores herramientas jurídicas”, además, señala “ante lo que estamos viendo con zonas que ahora no permiten la presencia de la fuerza legal y legítima del Estado, como el Cauca, Nariño, Catatumbo, Putumayo, el Bajo Cauca Antioqueño. El Esmad ha venido perdiendo su capacidad de fuerza, que está pasando a manos de las bandas del crimen organizado de las disidencias de las Farc y el ELN”.
Y agrega que “el Ejército necesita recuperar el pie de fuerza que mantuvo durante tantos años de exitosas operaciones, es necesario recuperar los 30 mil o 40 mil hombres que no se volvieron a reclutar”.
El constitucionalista Eduardo Palencia llama la atención acerca de que “uno de los principales retos en materia política es que los gobernantes apliquen políticas públicas encaminadas a satisfacer las necesidades de la población. Y garanticen el respeto por las diferencias, porque aquel que piense de forma divergente es catalogado como enemigo, hay una reticencia a entender la pluralidad ideológica y política, y eso es sustancial en un sistema democrático: la política no es una relación de obediencia hacia alguien superior, eso es caudillismo, y esa es una de las razones estructurales de nuestros déficits en materia política, que es un ejercicio de servicio por parte del dirigente”.
