Los cuestionamientos al Ejército en la violación de la niña indígena

El terrible hecho de la violación esta semana de una menor indígena en Pueblo Rico, Risaralda, por parte de siete soldados del Ejército, en medio del confinamiento que impone la pandemia del coronavirus, estremeció duramente al país.

Por lo menos, los responsables fueron judicializados y aceptaron los cargos no sin antes producirse un rifirrafe por la imputación, para algunos juristas demasiado benévola, de un delito de acceso carnal abusivo, que comporta una pena menor al de acceso carnal violento.

El fiscal Francisco Barbosa, en todo caso, aseguró que se pedirán 30 años de cárcel para los uniformados.

Todas las autoridades reprocharon lo sucedido, empezando por el propio Ejército y, sin embargo, entes como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad hicieron notar la necesidad de analizar la responsabilidad institucional del organismo castrense en lo sucedido.

EL HERALDO consultó al respecto a analistas de seguridad con distintos puntos de vista sobre el tema.

Este hecho ocurre 10 años después del aún doloroso caso registrado en Tame, Arauca, por el que el subteniente Raúl Muñoz Linares fue condenado a 60 años de cárcel por el crimen de una niña de 14 años y sus dos hermanitos de 9 y 6, además de la violación de la misma menor y de otra niña.

De hecho, organizaciones de derechos humanos elevaron en 2015 una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, en la que documentan varios casos de violencia sexual en el marco del conflicto, en los que la fuerza pública tuvo también su cuota de responsabilidad.

Denuncias

El mes pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, presentaron a la CPI una nota de impunidad en el marco del examen preliminar que desde 2004 adelanta este tribunal internacional sobre Colombia, en el que hay un capítulo sobre violencia sexual en el marco del conflicto.

Las organizaciones señalan al respecto que es necesario que se reconozca este delito “no como de oportunidad u ocasional, sino como una práctica sostenida durante el conflicto armado, como han venido reclamando las organizaciones de derechos humanos y Lgbti” y agregan que en la justicia ordinaria “estos casos han sufrido de impunidad estructural cercana al 100%”.

15.738 víctimas

Según reportes oficiales, las acciones perpetradas por grupos insurgentes, paramilitares, agentes del Estado integrantes de la Fuerza Pública y no combatientes dejaron al menos 15.738 víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2018.

En 2015, además, el Cajar, la Corporación Sisma Mujer y el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales entregaron también a la CPI un informe sobre violencia sexual cometida por las Fuerzas Armadas colombianas entre 2004 y 2012.

Al inicio del informe se lee: “Durante 2014 una mujer era violada cada 33 minutos en Colombia. Esa situación se repetía cada cinco días dentro del contexto del conflicto armado. Aún cuando todos los actores armados han cometido violencia sexual, integrantes de las Fuerzas Militares fueron identificados como los agresores en más del 50% de los casos ocurridos entre los años 2004 y 2012”.

La violencia sexual ocurre en las operaciones militares, agrega, “contra comunidades que, además de la estigmatización, sufren procesos de discriminación, como los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Uno de los objetivos de este delito, indican las organizaciones, “es permitir a los miembros de las Fuerzas Militares ejercer poder en contra de la población civil, lo que puede o no estar conectado directamente con intereses militares, políticos y económicos”.

Y advierten que lo importante es que la violencia sexual que ocurra en estos contextos “no se reduzca a un agresor que aprovecha una situación para satisfacer su deseo sexual mediante un abuso”, debido a que las Fuerzas Militares son la autoridad estatal armada, que tienen una función pública definida “y por eso han de establecerse responsabilidades en las cadenas de mando”.

98% de impunidad

El informe se elaboró además teniendo en cuenta el Auto 092 que la Corte Constitucional profirió en el 2008, en el que se remitieron 183 casos sobre violencia sexual a la Fiscalía para que iniciara las respectivas investigaciones. En este documento enviado a la CPI se seleccionaron y analizaron 36 casos de reportes públicos de casos de violencia sexual cometidos, al parecer por las Fuerzas Militares, entre el 1 de noviembre de 2002 y el año 2011, en los que aseguran que hay un 98% de impunidad.

Finalmente, consideran las organizaciones que en la evaluación de la responsabilidad de los comandantes “se subraya la previsibilidad de los delitos sexuales y la incapacidad, por parte de dichos comandantes, para tomar las medidas necesarias y razonables, que estuvieran a su alcance, para prevenir o reprimir la comisión de tales delitos”.

“Conductas individuales”

En relación con el escándalo reciente, el exdirector de Acore, el general (r) Juan Salcedo Lora, le dijo a EL HERALDO que “esas son conductas individuales que se juzgan normalmente dentro de lo disciplinario, lo penal, pero si uno se descuida llegan hasta el presidente como comandante de las Fuerzas Armadas. Es un hecho doloroso, reprobable, no se justifica que lo hagan ni ellos como soldados ni nadie dentro de la institución armada”.

Agrega el alto militar retirado que las estadísticas “muestran una enorme cantidad de violaciones de niños y los porcentajes son muy bajos en cuanto a la participación militar en estos delitos, y además la gente no está aterrada de la cantidad de violaciones de jefes de la guerrilla que hoy están en el Senado, nadie critica que la JEP no procediera a investigar esos graves crímenes cometidos por los jefes de las Farc que hoy están en el Congreso”.

Advierte además que las incorporaciones de nuevos militares “son en su mayoría de jóvenes de barrios periféricos, zonas deprimidas, y salen a relucir las conductas pésimas de convivencia en algunas de esas comunidades”.

Por ello, considera que hay que afinar procedimientos en las admisiones y en la formación del personal: “De todo eso hay, uno cuando recibe a los soldados, los recibe crudos. Lo que se insiste es que sean soldados profesionales porque tienen más tiempo de formación, pero ahora hay también personas e instituciones que atacan al Ejército”.

“Más rigurosidad”

El analista de seguridad Andrés Bernal indicó en diálogo con este diario que es “deplorable y bochornosa” la actuación de los uniformados: “Estos deben ser castigados severa y contundentemente no solo por su conducta delictiva, sino porque al usar el uniforme abusaron de su poder, deshonraron la causa del Ejército y traicionaron el juramento a la bandera que es la seguridad y salvaguarda de la población. No obstante, las responsabilidades penales son individuales y cabe recordar que estas no son directrices institucionales de una institución que la componen alrededor de 500 mil personas que trabajan honradamente con vocación de servicio, arriesgando su vida por la seguridad de los colombianos”.

Coincide el experto en la necesidad de “ser más rigurosos en los procedimientos de admisión a las tropas”, aunque advierte que “todas las profesiones, empresas e instituciones se ven abocadas a que un solo individuo pueda manchar el verdadero actuar de quienes las componen. Tristemente, este hecho es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, y si bien el Ejército puede inculcar las virtudes militares, los principios y valores también deben venir de casa”.

“Hay responsabilidad política”

El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de la Universidad Militar Nueva Granada, Néstor Rosanía, opinó en este medio, en cambio, que “la responsabilidad penal es individual, pero existe una responsabilidad política: no se puede manejar doble rasero, porque cuando mueren en combates son héroes y cuando cometen delitos la institución se lava las manos”.

Para el experto, hay tres problemas estructurales en las fuerzas: “Este no es un hecho aislado, es una cadena de escándalos. Lo primero es que hay un problema de doctrina dentro de la fuerza, porque por ejemplo el Ejército piensa en que la izquierda es su enemigo, y eso le da una lógica de explicación a la persecución de los políticos, periodistas, en fin”.

Lo segundo, agrega, es el tema de las incorporaciones, por “el Ejército se maneja por cuotas y tiene que llenarlas sí o sí, no hay filtros”. 

Y lo tercero, concluye, “es que no existe una política institucional que haya permitido generar una transformación interna. Se quedó con campañas coyunturales, pero no hay políticas públicas para la transformación interna. Tienen terceros validadores, que es gente que se siente muy cercana al Ejército y lo que ellos no pueden decir lo dicen los terceros, y eso en lugar de solucionar los problemas los agrava porque estos terceros lo que dicen es que se trata de ataques a la institución”.

“¿Dónde estaban los mandos?”

John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, advirtió que “se debe aplicar todo el peso de la ley posible en contra de esos soldados, y debe haber un juicio muy severo de responsabilidad a diferentes escalones de mando. No concibo, como militar retirado, que hubiera ocho militares por ahí sin un mando. ¿Dónde están los responsables? Esos comandantes son responsables por lo que hagan o dejen de hacer esos soldados y extrañamente no hay involucrado ningún mando”.