Los argumentos de la apelación de la Fiscalía a favor de Uribe
El fiscal Javier Cárdenas dijo que el expresidente lo único que pidió fue "denunciar irregularidades".
En medio de la sustentación este miércoles de la apelación de la Fiscalía por la decisión del pasado martes de la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, que rechazó por segunda ocasión la solicitud de preclusión del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, dijo que "el patrón de comportamiento desarrollado por el entonces senador Uribe fue pedir que los que tuvieran conocimiento de actuaciones irregulares de Iván Cepeda o de él los denunciaran ante la ley".
En el recurso, que se le elevará ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que decidirá, el delegado del ente investigador aseguró que tras la decisión en el mismo sentido de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, emitida en marzo de 2022, la Fiscalía se dedicó a recolectar nuevas pruebas.
En este sentido, agregó, el organismo acusador constató que "las siete personas que supuestamente dicen conocer actuaciones del senador Iván Cepeda (del Pacto Histórico), que tienen que ver con los señores Uribe Vélez, fueron las que buscaron hacer llegar ese conocimiento que dicen tener al senador Uribe Vélez para que lo pusiera en conocimiento de la Corte. Y es patrón de comportamiento que Uribe Vélez le pidió a Diego Cadena que todo lo que dijeran los supuestos testigos fuera dicho en sede de la Corte Suprema de Justicia o en el lugar donde estuviesen las investigaciones".
Puso de presente el investigador que ninguno de los testigos que comparecieron presenció la ejecución de una actividad delictiva por parte de Uribe Vélez los días 21 y 22 de febrero de 2018, en los hechos ocurridos en la Cárcel La Picota de Bogotá, cuando el abogado Diego Cadena, ex apoderado del expresidente, buscó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones.
El caso por el que el exmandatario puede ir a juicio comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema, por una denuncia del expresidente contra el senador Cepeda, decidió no abrir una investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros, como el abogado Cadena, al parecer intentó manipular a exparamilitares para que declararan contra Cepeda.
Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe.
Sin embargo, el 18 del mismo mes el exmandatario renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.
El 10 de octubre del mismo año una jueza ordenó la libertad de Uribe Vélez.
