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El titulo es:Asesinato de líderes, ¿fracaso del Estado?

Asesinato de líderes, ¿fracaso del Estado?

Expertos analizan en EL HERALDO el recrudecimiento de los crímenes de defensores de derechos humanos en el país y dicen que faltan por caer los autores intelectuales. El Gobierno anuncia campañas de prevención y presencia en los lugares críticos.

Por: Tomás Betín @tombetri

Expertos analizan en EL HERALDO el recrudecimiento de los crímenes de defensores de derechos humanos en el país y dicen que faltan por caer los autores intelectuales. El Gobierno anuncia campañas de prevención y presencia en los lugares críticos.

Este 2019 empezó casi que con el conteo fatal de una muerte de un líder social o defensor de derechos humanos por cada día arrancado del calendario.

En los primeros siete días del año fueron asesinados siete líderes sociales o defensores de DD.HH. en Colombia: Gilberto Valencia, en Suárez, Cauca, el 1 de enero; Wílmer Miranda, en Cajibío, Cauca, el 1 de enero; Wilson Pérez, en Ocaña, Norte de Santander, el 4 de enero; José Solano, en Caucasia, Antioquia, el 4 de enero; Maritza Quiroz, en Santa Marta, el 5 de enero; Alan Mostacilla, en Cúcuta, el 7 de enero y Miguel Gutiérrez, en Cartagena del Chairá, Caquetá, el 7 de enero.

EL HERALDO conversó al respecto con el abogado Alirio Uribe, defensor de derechos humanos; con el constitucionalista José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y con el analista de seguridad, coronel (r) Carlos Velásquez, para tratar de entender este baño de sangre que padece el país desde 2016 y que se ha recrudecido.

Los expertos coinciden en elementos aparentemente comunes de esta tragedia: caen los autores materiales pero no los intelectuales, que son los que planean y financian; no se han activado los bloques de Policía y Fiscalía contra grupos paramilitares consignados en el Acuerdo de Paz; no hay una política social para que autoridades y sectores no menosprecien a las comunidades y, por supuesto, a sus líderes; y la fuerza pública debe combatir estos homicidios también con la inteligencia militar y policial.

Recrudecimiento de los crímenes

La matanza ha arreciado con la entrada de este 2019, cuando ya se cuentan siete víctimas mortales. Según José Gregorio Hernández estamos ante “una incomprensible situación de crimen y violación de los derechos humanos, que amenaza con convertirse en un genocidio, descrito en el Tratado de Roma. Y el Estado, más allá de declaraciones del pasado y las del actual Gobierno, no ha hecho nada para cumplir con su obligación de proteger a todas las personas residentes en Colombia”.

Entre tanto, Alirio Uribe advierte que esto obedece “a una estrategia donde hay actores armados que son financiados o apoyados por sectores poderosos, económicos, financieros, terratenientes, industriales, políticos, etcétera, que ven en los líderes sociales enemigos, porque se oponen a grandes megaproyectos y piden la restitución de las tierras, y efectivamente hay una política de asesinarlos porque fastidian”.

Y el coronel (r) Carlos Velásquez dice que “al menos el 50% de los crímenes, no solo de ahora sino de tiempo atrás, son básicamente producidos por conflictos entre las personas que reclaman tierras y que promueven la sustitución de cultivos ilícitos, y son conflictos entre las víctimas y las personas que no quieren que se restituyan las tierras y que no marche bien ese proceso de sustitución”.
 

La responsabilidad del Estado

Hernández cree que hace falta un elemento de política social en el plan estatal al respecto: “Falta una política seria y coherente, que atienda a quienes piden y merecen protección, y que busque y neutralice a los autores materiales e intelectuales de esta criminal acción; que el Gobierno salga del campo de las promesas y las declaraciones, y que fije y ejecute una política realista, con participación de Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldes y gobernadores. Una política no solo militar y policial sino también social. Y que oiga y no menosprecie a las comunidades”.

Uribe ve que el elemento común desde los entes gubernamentales pareciera ser negar lo que está ocurriendo: “El presidente Duque no condena esta práctica y la actitud es de negar, de decir que son casos aislados o líos de faldas, cuando realmente es sistemática: los asesinan sicarios casi en un 90% frente a sus casas y lugares de trabajos. Y en el marco de los Acuerdos de Paz se requiere que se activen el bloque de búsqueda de la Policía para desmontar grupos paramilitares y la unidad de investigación y sanción de la Fiscalía para estos grupos paramilitares”.

Velásquez opina que el Estado “tiene que ganar la batalla de la inteligencia, que la gente en las regiones confíe en la fuerza pública, que le cuente las cosas, y eso solamente se logra con la permanencia de esas tropas del Ejército o la Policía o en sectores críticos, el hecho de que estén poco tiempo y sean relevados dificulta las cosas, porque la gente confía en quien conoce”.

¿El Eln, detrás?

Señala el coronel (r) Velásquez que “el Gobierno y la Fiscalía reconocieron que detrás de eso hay gente del Eln, del Clan del Gol y de Los Caparrapos. Y aunque no es fácil especificar el interés del Eln en estos homicidios, una de las posibilidades es que estén queriendo mantener su hegemonía e influencia en algunos sectores y puedan haber otros líderes sociales desarmados que están llevando la delantera”.

¿Por qué las cifras de muertes difieren?

Frente al hecho de que son distintas las estadísticas que tienen entes estatales, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales acerca de estas muertes violentas, Alirio Uribe explica que hay diferentes criterios para definir qué es un líder social o defensor de DD.HH., “y eso hace que a veces las cifras de la ONU no coincidan con las cifras de la Defensoría o con las de una ONG, pero para mí las más confiables son las de la Defensoría, porque hace presencia en todos los departamentos”.

Los números de los crímenes

En 2018, según la Policía, las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para la Defensoría del Pueblo fueron 172 (158 hombres y 14 mujeres),  y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a 252.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría, el mayor número de crímenes ocurrieron en los departamentos de Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).

Entre tanto, los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dan cuenta de 454 casos (163 verificados por la Misión de la ONU en Colombia) entre noviembre de 2016 y el 26 de diciembre de 2018.

Por su parte, la Defensoría estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales.

La Fiscalía, citando a la Oficina de Naciones Unidas, indicó que entre 2016 y agosto de 2018 se cometieron 196 homicidios contra defensores de derechos humanos, y afirma que ha avanzado en 90 de los casos: “Esto equivale a una tasa de esclarecimiento de 45,9% para agosto de 218. Los avances en los casos incluyen 17 sentencias condenatorias, 60 imputaciones y 13 órdenes de captura”.

El Estado responde

El fiscal Néstor Humberto Martínez, además, reconoció el pasado viernes que existe sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en el territorio nacional: “En un 65 % de los casos, los homicidios se deben a organizaciones criminales, entonces, en ese ejercicio que hace permanentemente el Estado por descubrir sistematicidad, tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo el pasado 8 de enero que la Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene el registro de medidas de protección sobre 7.179 personas en el territorio nacional, de las cuales 4.487 son líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y en lo corrido del 2019, la Unidad ha recibido 1.263 solicitudes de protección.

Agregó el sábado la jefa de la cartera política que desde la próxima semana el Gobierno irá a los territorios más afectados con el fenómeno. Se priorizarán subregiones como el Bajo Cauca antioqueño, Montes de María, Catatumbo y Bajo Atrato.

Y el presidente Iván Duque dijo el pasado sábado desde Yopal que combatirán las organizaciones criminales detrás de los crímenes: “Vamos a enfrentar esas organizaciones criminales y las vamos a someter a la justicia en nuestro país” y a añadió que la Fiscalía ha hecho un reporte “en donde un poco más del 50 por ciento de los asesinatos tienen esclarecimientos; son cerca de 126 casos esclarecidos. Y es espeluznante ver que en la gran mayoría esos asesinatos los han cometido grupos armados ilegales”.

Finalmente, afirmó que el Gobierno está trabajando en campañas de prevención “que van desde la no estigmatización, hasta poder actuar de manera cada vez más ágil ante las alertas tempranas”.

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