La investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 quedó marcada por una profunda división al interior de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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Mientras uno de los integrantes del triunvirato investigador concluyó que no existen méritos para vincular penalmente al mandatario, los otros dos congresistas solicitaron que sea llamado a indagatoria por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas.
La controversia quedó formalizada este miércoles con la radicación de dos documentos que reflejan posiciones opuestas frente al futuro del expediente.
La diferencia de criterios gira alrededor del grado de responsabilidad que podría tener Petro como candidato presidencial frente al manejo de los recursos de su campaña. Para Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, la legislación electoral establece obligaciones claras que permitirían evaluar una eventual participación del entonces aspirante presidencial en las irregularidades detectadas.
Mientras que para el representante Alirio Uribe, quien lideró la investigación durante cerca de dos años, no hay fundamento jurídico para abrir una investigación formal contra el jefe de Estado, aunque presentó una resolución inhibitoria en la que reconoce la existencia de inconsistencias relacionadas con la financiación de la campaña.
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Ante la clara división dentro de la Comisión de Acusaciones y la recepción de dicha investigación contra el mandatario, el presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles, a través de su cuenta de X, que “ya me han amenazado con encarcelarme sin haber cometido un solo delito”.
Asimismo, manifestó que “ya sabemos lo que nos espera si no se detiene la oscura era de Colombia”.
