La investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 quedó marcada por una profunda división al interior de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras uno de los integrantes del triunvirato investigador concluyó que no existen méritos para vincular penalmente al mandatario, los otros dos congresistas solicitaron que sea llamado a indagatoria por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas.
La controversia quedó formalizada este miércoles con la radicación de dos documentos que reflejan posiciones opuestas frente al futuro del expediente.
Por un lado, el representante Alirio Uribe, quien lideró la investigación durante cerca de dos años, presentó una resolución inhibitoria en la que reconoce la existencia de inconsistencias relacionadas con la financiación de la campaña, pero considera que no hay fundamento jurídico para abrir una investigación formal contra el jefe de Estado.
“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta”, señala el documento radicado por Uribe.
Sin embargo, la posición no fue compartida por los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes decidieron apartarse de las conclusiones de su colega y presentar un salvamento de voto. En ese escrito sostienen que sí existen elementos suficientes para vincular formalmente al mandatario dentro del proceso.
“El Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, mediante la recepción de indagatoria”, afirmaron los congresistas en el documento.
La diferencia de criterios gira alrededor del grado de responsabilidad que podría tener Petro como candidato presidencial frente al manejo de los recursos de su campaña. Para Arizabaleta y Carrillo, la legislación electoral establece obligaciones claras que permitirían evaluar una eventual participación del entonces aspirante presidencial en las irregularidades detectadas.
“La posición de garante del candidato presidencial frente a la transparencia financiera de su campaña tiene un fundamento normativo expreso en el artículo 19 de la Ley 996 de 2005, que establece la responsabilidad solidaria del candidato con los demás responsables de la gestión financiera de la campaña”, argumentaron.
El expediente se centra en posibles anomalías relacionadas con la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022. Aunque los investigadores coinciden en que existen hechos que ameritan revisión, la discrepancia radica en si esos hallazgos comprometen directamente al presidente de la República.
